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Viernes, 29 de Marzo de 2024

Autoridades se niegan a cumplir la ley: Cuacuila

Pese a ganar amparos contra el gasoducto, éstos no han sido acatados por ningún nivel de gobierno.
Domingo, 26 de Octubre de 2014 21:15

Huauchinango, Pue.- Indiferencia y negativa  de las autoridades de todos los niveles para cumplir la ley, acusaron habitantes de Cuacuila, luego de haber obtenido dos resoluciones judiciales a su favor y de que un peritaje de la PGR confirmó el riesgo latente que representa para su pueblo el gasoducto Tuxpan-Atotonilco.

Ayuntamiento de Huauchinango da largas a indígenas de CuacuilaExige Cuacuila esperar a que el pueblo decida sobre el proyecto de GasomexA un año del inicio de su lucha, refirieron miembros de la organización Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD) y a pesar de haber logrado una “suspensión definitiva” de los trabajos de instalación del ducto Tuxpan-Atotonilco, ninguna autoridad ha ejecutado la orden que dio la Juez Primero de Distrito en el estado y por el contrario, se dieron prisa en enterrar los tubos dañando con ello manantiales, ríos y el entorno ecológico “al tiempo de perforar las entrañas de nuestro pueblo”.

Sin embargo, reiteraron su decisión de no frenar sus movilizaciones hasta lograr que la tubería de más de 250 kilómetros de longitud que llevará gas licuado de petróleo desde el norte de Veracruz hasta el altiplano central del país, sea reubicada lejos de la comunidad, pues ahora está a sólo 170 metros de distancia poniendo en riesgo su existencia. “Todo porque se quisieron ahorrar unos millones siguiendo el trazo de la autopista México-Tuxpan para no tener que pagar por el derecho de vía”, indicaron.

Agregaron que hasta la perito nombrada por la Procuraduría General de la República (PGR) dentro del Juicio de Amparo 6/2014 que tramitan contra la tubería, les dio la razón en sus reclamos al dictaminar que el gasoducto es un riesgo para la comunidad y al verificar los daños a los manantiales  y los ríos aledaños.

Sin embargo, cuando solicitaron a las autoridades  municipales que acataran la orden de frenar la instalación del ducto se encontraron con su indiferencia “hacia las causas justas y nos mandaron a la policía, pese a sólo les fuimos a pedir que cumpliera la ley”.

“Lejos de defender los derechos humanos, indígenas y sociales de los ciudadanos, los gobiernos de todos los niveles han actuado como viles cómplices de la iniciativa privada nacional y extranjera, no sólo con sus reformas entreguistas; sino otorgando permisos, concesiones, custodiando con cuerpos policiacos la construcción de los denominados proyectos de muerte y han demostrado que suelen venderse al mejor postor traicionando así  a la población”, indicaron.

Los indígenas nahuas realizaron un evento político-cultural en el que hicieron un recuento de sus acciones y consideraron que, pese a todo, han conseguido algunos logros al enfrentar “a los intereses de una transnacional” y recibieron la solidaridad y reconocimiento de diversas organizaciones, como la Asamblea Estatal del Agua, la Red Unidos por los Derechos Humanos, la de los campesinos y ejidatarios de Atenco, así como el pronunciamiento de habitantes de Xochitlán, Poza Rica y Papantña y académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quienes los han asesorado y acompañado en diferentes momentos de su lucha. 

Los participantes en el evento que se prolongó por más de cuatro horas coincidieron en señalar que es indispensable la unión de las organizaciones y los pueblos para enfrentar este tipo de proyectos que tienen el respaldo del gran capital y de gobiernos neoliberales que “pretenden dirigir nuestros destinos con el saqueo, la muerte, la contaminación, la degradación y un sinfín de atropellos”.

El impacto, según la empresa

Para la instalación del gasoducto Tuxpan-Atotonilco se han eliminado más de 100 mil metros cuadrados de vegetación forestal en las casi 4 mil 500 hectáreas de terreno de mil 500 pequeños propietarios y de decenas de integrantes de 70 núcleos ejidales de los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, según las manifestaciones de impacto ambiental presentadas por la empresa Gasomex a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con esos documentos no se previó la contratación de personal de la región en la realización de esta obra o una mejoría del nivel y calidad de vida de los habitantes del área involucrada, salvo el ingreso que obtuvieron como indemnización por el pago de derechos de vía, aunque se aseguró que se trata de un proyecto “ambientalmente viable”, debido a que se desarrolló en un área “impactada previamente por actividades pecuarias y petroleras”.

En el municipio de Huauchinango, la colocación de los tubos desató – en distintos momentos-, la inconformidad de los habitantes indígenas de Cuaxicala, Cuacuila, Ahuacatlán y Ocpaco, quienes se quejaron tanto por la afectación de lugares sagrados, como por la ubicación de la tubería en zonas en riesgo por la existencia de fallas geológicas. Además de demandar su derecho a la consulta para la instalación del ducto tal y como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

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