Denuncian protección de regidor a juez destituido en Ocpaco

Huauchinango, Pue.- Pobladores de la comunidad de Ocpaco, en Huauchinango, denunciaron al regidor de Gobernación Uriel Alonso Garrido y al secretario de Gobernación Municipal, Armando Aranda Márquez, de proteger al juez de paz Manuel Cruz Muñoz, quien luego de confesar que hizo uso indebido de algunos bienes públicos, fue cesado de su cargo.

Acosan a regidora por denunciar anomalías en ChiautzingoAcepta regidor deslealtades en primer año de PaisanoLos habitantes del poblado náhuatl ubicado al sureste de la cabecera municipal, que respetan el régimen de usos y costumbres para regular sus relaciones sociales y organizarse, indicaron que desde el pasado 25 de febrero en una asamblea general, destituyeron a Manuel Cruz luego de que aceptara haber talado nueve árboles de un terreno que fue adquirido por los vecinos para instalar el panteón; y acordaron que fuera sustituido por el juez suplente Máximo Lucas Cruz.

Sin embargo, aclararon, el corte ilegal de los árboles y el aprovechamiento particular de su madera, fue sólo la gota que derramó el vaso, pues Manuel Cruz se ha negado a entregar al pueblo un informe del uso de los 11 mil pesos mensuales que hasta hace tres meses recibía por concepto de participaciones, “porque parece que ya se las rebajaron”. El juez también ha ignorado al agente subalterno del Ministerio Público, Camilo Cruz Muñoz, y ha abusado de su autoridad encarcelando a algunos vecinos, sólo porque no están de acuerdo con su proceder.

“Nosotros realizamos una asamblea. Ahí se presentaron los cargos en contra de Manuel Cruz. Él se defendió, pero aceptó haber talado los árboles, pero dijo que sólo habían sido dos. Revisamos el terreno junto con él y ahí aceptó haber cortado nueve. Sobre las participaciones dijo que lo que quería el subalterno es que le diera dinero para sus gastos y él se negó. Pero le reclamamos porque nunca nos ha dado informes de cómo se ha gastado las participaciones ni ha presentado justificantes. Por eso se votó y el pueblo decidió quitarlo”, explicó el profesor Guillermo Cortés Cruz.

No obstante, añadió, en el municipio se han negado a respetar este acuerdo de la comunidad y al parecer “el regidor de Gobernación Uriel Alonso Garrido y el de Gobernación Armando Aranda Márquez lo están protegiendo. Incluso Armando nos dijo que la tala de árboles no era delito, pero que si creíamos que era, presentáramos una denuncia ante las autoridades competentes”.

Indicó que desde el pasado 15 de marzo, los funcionarios municipales les pidieron a los miembros de la comunidad -147 de los 222 que la habitan-, que formaran una comisión supuestamente para revisar las cuentas que presentaría el juez de paz, pero hasta la fecha no los han citado y “ahora quieren someter al Cabildo la destitución del juez, cuando quienes lo elegimos somos nosotros”, agregó Cortés Cruz.

Esta indefinición, comentó, ha estado a punto de generar violencia entre los habitantes de Ocpaco, por lo que pidieron a las autoridades municipales a que den pronta solución al problema. 

“Con el juez no se puede dialogar. Si alguien no está de acuerdo con él lo mete a la cárcel. Así les ha pasado a varios y el municipio prácticamente está en contra de nosotros al no resolver esta problemática. Nomás nos están dando largas. Queremos que se haga efectiva la destitución. La presidencia auxiliar está cerrada, él ya no viene a trabajar. Pero como quien dice: ‘ni come, ni deja  comer’ y los del municipio, pues, actúan como sus abogados defensores”.

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