Director de penal de Huauchinango no pasó prueba de confianza

Huauchinango, Pue.- Sólo 2 de los 50 custodios y de la totalidad del personal administrativo del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Huauchinango ha presentado y aprobado el examen de Control y Confianza, admitió el director de la institución Odilón Gutiérrez Vargas, quien rechazó las denuncias de corrupción y nepotismo que se vertieron en su contra. En la lista de aprobados, tampoco se encuentra el funcionario. 

Director del CERESO de Huauchinango oculta agresiónPor irregularidades, cesan a titular del Cereso de TehuacánEn el penal hay 50 custodios, divididos en dos turnos, de los que solamente dos han logrado pasar el filtro que exige el sistema de seguridad. 

A casi dos años de su gestión como administrador del penal, cargo que ostenta por tercera ocasión debido a que lo dirigió también en las administraciones municipales 2005-2008 y 2011-2014 encabezadas por los hermanos Carlos y Martínez Amador, el funcionario contestó algunos señalamientos que fueron hechos llegar a este medio de comunicación y que cuestionan su desempeño al frente del CERESO.

De acuerdo con las denuncias, en el penal se cobra a los internos el derecho por trabajar en los talleres, abrir alguna tienda o ingresar materiales como la madera que se utiliza en los retablos y otras artesanías elaboradas por los reos; además se dijo que “entre la madera” se han ingresado sustancia prohibidas.

Odilón Gutiérrez admitió que lo cobros se realizan mediante pago de “500 pesos mensuales que ingresan a la Tesorería municipal”, pero negó que se hagan cobros “ilegales” por el ingreso de madera. “El trato es directo entre el proveedor y el interno, la institución no interviene para nada”, aseguró.

Agregó que los proveedores de madera y demás artículos cuentan con documentación y “son los mismos que han funcionado desde hace tiempo”, aunque dijo no recordar sus nombres. Puntualizó que se aumentó el personal de custodia con la intención de que se hiciera mejor la revisión de las visitas y de los artículos que ingresan al penal para evitar que entren “sustancias prohibidas”, entre ellas “marihuana”, como se apuntó en la denuncia hecha llegar a este medio y como resultó en la última revisión hecha por la Secretaría de Seguridad Pública del estado en febrero pasado, cuando se decomisaron 400 dosis.

Aseveró que las 12 tiendas que funcionan en este momento, fueron autorizadas antes de que él llegara a la Dirección y hasta el momento no se ha dado permiso a otra. Explicó que esas licencias se aprueban en el Consejo Técnico Interdisciplinario.

Rechazó que existan presos con privilegios, como lo apuntan las quejas, en las que se habla de internos con televisores en sus celdas, con teléfonos celulares. Entre los privilegiados, se dijo, están dos mujeres de nacionalidad colombiana, quienes a pesar de haber participado en una riña en la que golpearon a otra interna, no se les sancionó.

El funcionario volvió a negar los hechos y mencionó que a la fecha, solamente existe un televisor “por celda” del que pueden gozar los internos y esa decisión se tomó en el Consejo Técnico Interdisciplinario y respecto a los hechos en los que participaron las colombianas, respondió que se les sancionó “segregándolas”, además de que existe una denuncia formal en su contra.

A las acusaciones de nepotismo, el titular del penal rechazó que tenga familiares trabajando en este lugar, como se acusó que tendría a su “sobrina Lizet Sánchez”, a quien se responsabilizó de haber ingresado un teléfono celular para un interno.

En la red del área de custodia y presuntas irregularidades en el penal, se citaron los nombres del comandante Antolín Garrido Vázquez, los dos jefes de grupo Alejandro Ramírez Aranda y Enrique Romero Vergara, como los presuntos responsables de los cobros por ingresar las materias primas para el trabajo de los internos.

Además de que se dijo que, según “la normatividad, está prohibido que trabajen familiares en el penal”, pero en el de Huauchinango trabajarían  el comandante Antolín Garrido Vázquez y su hermano Marcos, quien habría sido dado de baja anteriormente por irregularidades, pero se le volvió a contratar; “además del supervisor Salvador Hernández y sus dos hijos”.

A estas últimas acusaciones, el director sugirió que si hay pruebas en contra de estas personas que los denuncien ante las autoridades que corresponda y rechazó que el penal sea un “polvorín” debido a las múltiples riñas que se suscitan entre los internos y aseveró que este año sólo ha habido dos.

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