A ocho meses de ocurrida, la ejecución de Miguel Flores Abasolo sigue impune denunció su viuda quien aseveró que como resultado del inoperante e ineficaz proceder de la Fiscalía General del Estado (FGE), la familia ha sido amenazada de muerte y ha sido víctima de desplazamiento forzado.
Contraloría no tiene quejas contra director de Seguridad: GaleazziCapacitan a funcionarios, estudiantes y organizaciones en Derechos HumanosMiguel fue asesinado en la coyuntura del pasado proceso electoral. Participaba de forma activa en la campaña de la candidata a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática PRD, Roxana Luna.
El 3 de mayo, el cuerpo sin vida de Miguel, de 44 años, fue encontrado en un camino a Tepetzintán, municipio de Cuetzalan, con heridas de arma blanca. La FGE abrió la carpeta 014/2016, pero a la fecha no existen líneas de investigación claras ni que lleven a los responsables materiales e intelectuales a la cárcel.
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), el Centro de Asesoría entre Mujeres y el Consejo Tiyat Tlali acusaron que dada la magnitud del escándalo, la FGE se movilizó y mandó personal de diferentes niveles para hacer la investigación pero en lugar de representar un auxilio para la familia, de manera insensible e intimidatoria realizaron las diligencias.
“Trataban de encontrar a los culpables en la familia, los intimidaron y maltrataron; los ministeriales estaban más preocupados por crear culpables en ese momento y con ello quitarle los reflectores de responsabilidad al gobernador Moreno Valle” sostuvieron.
“A la fecha mis hijos y yo tuvimos que abandonar el lugar. Yo exijo a la fiscalía para que dé con los responsables de mi esposo Miguel. Él sólo era un hombre trabajador, yo tuve que salir de mi casa; pido que se haga justicia por el asesinato, que se dé con los responsables de lo que pasó. Han pasado ocho meses y no sabemos quién fue y por qué lo hicieron”, dijo Reyna, su viuda visiblemente desesperada.
El abogado Angel Lueza Ruíz aseguró que la violencia que vive la familia en la comunidad y la presencia de amenazas anónimas de muerte no ha sido investigados, obligando a la esposa e hijos de Miguel al destierro.
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