Cuautlancingo, Pue.- Vecinos recibieron con agrado el anuncio del gobernador Antonio Gali Fayad sobre la demolición de la ciclovía improvisada bajo el segundo piso de la autopista México-Puebla, a fin de consolidar un bulevar urbano de tres carriles que termine con los severos congestionamientos que sufren desde hace siete meses.
Los mayores beneficiados con esta determinación serán los automovilistas, así como trabajadores de la armadora Volkwagen y del parque industrial Finsa, pero también los habitantes de las juntas auxiliares de San Lorenzo Almecatla y Sanctorum, así como de las unidades habitacionales 1 y 2 de la VW, Los Pinos, Las Trojes y Nueva Alemania, entre otros.
Además de los conflictos vehiculares que alentaron el tránsito, los pobladores padecen de inseguridad y la falta de paraderos del transporte público, tras la inauguración del segundo piso de la autopista, a mediados de octubre de 2016, y cuya operación fue concesionada a las trasnacionales OHL y Pinfra.
El regidor de Migración, Medio Ambiente y Trabajo, Rafael Ramírez Hernández, recordó que desde el inicio de la construcción del piso elevado los vecinos denunciaron que la obra era riesgosa y mal planeada, condiciones que comprobaron posteriormente con los problemas de tránsito que, a su vez, acarrearon inseguridad y dificultades para abordar el transporte público por la suspensión de los tres paraderos que, tradicionalmente, ocupaban las familias de la zona, así como la falta de acotamiento para los vehículos descompuestos.
El representante popular comentó que los habitantes están complacidos con el anuncio de Antonio Gali Fayad, pero consideran que es necesario que el gobierno estatal deba investigar al responsable de la obra mal planeada y ejecutada.
Asimismo, dijo que los pobladores demandan definir a que entidad gubernamental corresponde la vigilancia de este tramo de la autopista, pues atraviesa los municipios de Coronango, Cuautlancingo y Puebla, y resulta urgente aumentar la seguridad y combatir las extorsiones que están cometiendo agentes viales estatales contra los conductores del transporte público, al aprovecharse de la ausencia de paraderos autorizados.
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