Después de enfrentar un proceso de instrucción de 9 años, un policía recibió formal prisión tras ser acusado de participar en el secuestro de 32 indocumentados centroamericanos que viajaban a bordo del tren, en donde fueron descubiertos y bajados para ser ocultados en una casa de seguridad en la población de Rafael Lara Grajales.
Por transportar 100 kilos de mariguana le dan 11 años de prisiónAtan a vaqueros y roban 10 cabezas de ganado en PantepecEl Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, dictó el auto de formal prisión contra esta persona por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Puebla, presentará las pruebas correspondientes.
De acuerdo con los datos recabados, el 9 de octubre de 2008, el indiciado en complicidad con otras personas, privó de su libertad a indocumentados que viajaban a bordo del tren, con la finalidad de obtener un rescate.
Los centroamericanos fueron secuestrados y torturados por al menos 12 personas, que recibieron apoyo de policías municipales, esto con el propósito de extorsionar a sus familiares residentes en Estados Unidos con 3 mil 500 dólares.
Las víctimas lograron escapar y sus testimonios de la complicidad policiaca provocaron la ira de la población, que por la noche incendió una patrulla y dos motocicletas de la corporación.
Los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron detenidos en el municipio de Lara Grajales, y fueron amenazados de muerte para que anotaran los nombres y números telefónicos de familiares y amigos en Estados Unidos. Ante la negativa los delincuentes comenzaron a torturarlos, a unos les quemaron el abdomen; a otros les apuñalaron las manos, y a los demás les golpearon costillas y testículos.
Al obtener la información, los secuestradores hicieron las llamadas, poniendo a varios de los indocumentados al teléfono y reclamando a sus interlocutores un botín de 3 mil 500 dólares por cada uno.
Sin embargo, las víctimas aprovecharon que el inmueble era vigilado sólo por dos hombres para escapar, llegaron hasta el zócalo de Lara Grajales, donde testigos vieron a uno de los captores herir a otro de los rehenes que se daba a la fuga.
Los pobladores les brindaron auxilio y capturaron a dos sujetos: Carlos Alvarado Espinoza y Tomás del Ángel Muñoz, a quienes los indocumentados identificaron como los policías que los obligaron a bajar del tren. Las acusaciones provocaron la ira de los vecinos, que por la noche iniciaron los desmanes y fueron dispersados con gases lacrimógenos.
La ira de los pobladores se prolongó hasta la medianoche tiempo en el que retuvieron a seis policías estatales y municipales, quienes permanecían atrincherados en el palacio municipal repeliendo los ataques de vecinos.
Además de los delitos de lesiones, secuestro y violación a las leyes migratorias, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a los cuatro detenidos en Rafael Lara Grajales tras el descubrimiento de una casa de seguridad ubicada a tres cuadras del zócalo.
La Procuraduría General de la República continuó desahogando el proceso, el cual 9 años después, bajo el antiguo sistema de justicia penal concluyó determinar el auto de formal prisión para el detenido quien ahora enfrentará un proceso formal con miras a obtener una sentencia.
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