Conceden 3 amparos contra privatización del agua en San Andrés

San Andrés Cholula, Pue.- Las justicia federal concedió ya tres de los ocho amparos solicitados por vecinos de San Andrés Cholula contra el intento de concesionar el servicio de distribución de agua potable en este municipio, reveló el dirigente del movimiento Cholula Viva y Digna, Adán Xicale Huitle.

Los cinco restantes continúan en curso, con muchas posibilidades de resultar a favor de los quejosos, añadió, al considerar que solo levantando la voz la población ha impedido que este derecho constitucional sea entregado a una empresa privada, como Agua de Puebla.

En entrevista, puntualizó que las familias que buscan la protección de la justicia federal son originarias tanto de la cabecera municipal como de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde el ayuntamiento ha iniciado la construcción de redes de suministro que posteriormente planea entregar a un particular, como lo hizo ya con la recolección de basura.

Explicó que tanto en la junta auxiliar, como en los barrios de la cabecera, existe un fuerte rechazo a la privatización del agua potable, no solo porque aumentarían las tarifas, sino porque consideran que la administración de Leoncio Paisano Arias tiene la suficiente capacidad para conservar y mejorar la calidad del servicio con recursos propios.

Al respecto, el líder de Cholula Viva y Digna exigió al gobierno municipal respetar el artículo 115 de la Constitución Mexicana que obliga a los ayuntamientos a brindar los servicios públicos a su población, como el agua potable, limpia y seguridad pública.

“Sin embargo, la política de las autoridades emanadas del Partido Acción Nacional es privatizar todo”, hecho que no comparte una sociedad que exige el respeto a su autonomía y costumbres, subrayó.

Adán Xicale Huitle recordó que al igual que el movimiento que logró detener la construcción de un parque temático alrededor de la zona arqueológica, la movilización contra la privatización del agua potable crecerá aún más y logrará evitar que este derecho fundamental sea convertido en un simple negocio de autoridades y empresarios.

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