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Jueves, 25 de Abril de 2024

CNDH encuentra riesgo de tortura y maltrato en PGR Puebla

Lo anterior se desprende del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Lugares de Privación de Libertad.
Jueves, 4 de Enero de 2018 12:31

“Malos tratos” por deficiencias en las condiciones de detención y con ello “riesgo de tortura” detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en agencias de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas en Cholula, de acuerdo con un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Lugares de Privación de Libertad.

El documento, emitido el pasado 20 de diciembre, es el resultado de la supervisión realizada a 77 centros de detención del país, incluidos los lugares a los que son conducidas la mayor parte de personas aseguradas en la entidad por su presunta participación en delitos del fuero federal y propone, además, el establecimiento –en un plazo de 30 días-, de una instancia de diálogo para subsanar las deficiencias encontradas.

En el caso de las Agencias de Investigación y Detención dependientes de la PGR en el estado de Puebla, ubicadas en Cholula –en donde había 130 personas detenidas al momento del estudio- se encontró que carecen de registro de la entrega de alimentos, de espacios de aseguramiento exclusivo para mujeres, de un registro de las personas que visitan a los detenidos, de instalaciones adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física, además de que el lugar destinado para la atención médica es pequeño y no cuenta con medicamentos.

Todas estas fallas, consideró el informe firmado por presidente de la CNDH, Luis González Pérez, son “factores de riesgo que pudieran generar tortura o maltrato”, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el documento dirigido a Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en Suplencia del procurador general de la república, la CNDH le solicitó designar a algún funcionario “con capacidad de decisión suficiente” a fin de valorar las medidas que se deben tomar para prevenir “cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad; para dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención”.

Durante las visitas se verificó el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, relacionados con el trato humano y digno, la legalidad y seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, utilizando las “Guías de Supervisión a Lugares de Detención e Internamiento” diseñadas por el Mecanismo Nacional.

Además se realizaron entrevistas con las personas detenidas y las autoridades responsables de las áreas, así como personal ministerial y de seguridad. Se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a personas que se encontraban privadas de su libertad y se revisaron expedientes y formatos de registro.

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