Huauchinango, Pue.- Con las funciones de la Jurisdicción Sanitaria divididas en dos sedes, cumplió cuatro meses el conflicto laboral entre el sindicato de trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud y la jefatura jurisdiccional de Huauchinango.
Entregan certificados de estudios a adultos de OcoyucanTras ratificar la postura sindical de rechazo al cambio de sede de trabajo de la jurisdicción, el delegado Joel Alatriste Martínez, dio a conocer que pese a que la Secretaría ordenó el regreso de las oficinas de la dependencia a la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Catalina “el jefe jurisdiccional Jorge Alejandro Valencia no respetó los acuerdos y se mantiene en la calle Nigromante”.
Alatriste Martínez expresó que por la falta de acuerdo, no sólo con Valencia “sino también con Miguel Castillo, coordinador de jurisdicciones en el estado” acudieron a la Secretaría de Salud federal y gestionaron la rehabilitación de las instalaciones “oficiales” de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 con cabecera en Huauchinango.
De acuerdo a la fuente, se rehabilitarán baños, la instalación del agua potable, la conexión eléctrica, se pintará el edificio y se impermeabilizarán los techos, además de mejorar los cubículos de cada área de las oficias de la calle Lázaro Cárdenas en Catalina.
Los trabajos, según Joel Alatriste, iniciarán en 15 o 20 días, en el lugar donde permanecen 25 trabajadores sindicalizados.
Expresó que al área que se habilitó en el Hospital Urbano del centro de Huauchinango se “movieron 45 trabajadores, de confianza, de contrato y más de 20 sindicalizados”, de los que comentó que pertenecen al gremio pero accedieron a cambiar su lugar de labor “por los actos de intimidación a cargo del jefe jurisdiccional”.
Alatriste subrayó que en el momento del intento de imposición de cambio de sede “las instalaciones de la jurisdicción se quedaron sin agua potable, desconectado de la red eléctrica, sin línea telefónica, sin internet y sin sanitarios”.
Ahora sólo siguen sin línea de teléfono y sin internet, debido a que un médico adscrito a la comunidad de Apapantilla pagó la reconexión al agua y a los sanitarios, mientras que integrantes de Ciudadanos Unidos reconectaron la energía eléctrica de manera gratuita.
En tanto, para el líder sindical, “el Hospital Urbano permanece el hacinamiento y los riesgos sanitarios por áreas que no han sido desinfectadas previas a su uso o con paredes debilitadas”.
El conflicto en la dependencia de la Secretaría de Salud inició a partir de las instrucciones verbales que dio el jefe jurisdiccional a los titulares de distintos departamentos para que “repentinamente” desalojaran las instalaciones que ocupaba la Jurisdicción Sanitaria Número 1 y se trasladaran al Hospital Urbano localizado en la calle Nigromante, considerado como un edificio en riesgo por las condiciones que presenta tras los temblores septiembre pasado, indicaron los empleados.
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