Puebla, Pue.- La empresa Autotraffic S.A. de C.V., que operó el programa de Monitor Vial, recibió hasta el 70 por ciento de las multas impuestas los últimos dos años, de acuerdo con una solicitud de información que realizó Con los Ojos Abiertos a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y la de Seguridad Pública (SSP).
Fotomultas no desaparecen, se mantendrá su cobro: Finanzas VIDEO Fotomultas desaparecerán en Puebla si no ayudan: BarbosaLos contratos entregados a través de las solicitudes de información, dan cuenta de que la empresa recibió 151 millones 966 mil 414.69 pesos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y solo el primero se otorgó mediante una licitación pública nacional, con el expediente SA-DRMSG-001-2013.
El contrato, firmado el 11 de febrero de 2013, indica que la empresa sería responsable del “servicio integral para la implementación y operación de los sistemas de detección de exceso de velocidad en las vías a cargo del gobierno del estado”, por un período de 36 meses y sería responsable de instalar dos radares móviles y 10 fijos, así como 23 displays y seis carcasas para los equipos.
Sin embargo, aunque este documento se venció en febrero de 2016, el siguiente contrato que se tiene registrado con Autotraffic se firmó el 8 de febrero de 2017, es decir, un año después, con el número SFA-DRMSG-003A-2017 y un pago de 16 millones 968 mil 651 pesos por un servicio similar pero de poco menos de dos meses, pues sólo estaría vigente del 8 de febrero al 31 de marzo de 2017.
En el gobierno de José Antonio Gali Fayad, se modificó la modalidad de pago a la empresa y se acordó una contraprestación dependiendo del número de infracciones impuestas y cobradas, de acuerdo con los documentos proporcionados por la SSP en respuesta a la solicitud 01298619.
Fue el 31 de marzo de 2017 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, firmó un nuevo contrato con el representante legal de Autotraffic, el cual quedó sin un número de identificación.
En éste se señala que la empresa sería responsable del “servicio integral que incluye el suministro, la instalación, el mantenimiento de nuevos dispositivos tecnológicos, así como la puesta en operación de los dispositivos tecnológicos que en la actualidad son propiedad del gobierno del estado de Puebla, para mejorar la seguridad, la eficiencia y el medio ambiente en materia de movilidad”, entre el 1 de abril de 2017 y el 13 de diciembre de 2018.
En la cláusula tercera del contrato se indica que, “como contraprestación por los servicios”, el gobierno del estado pagaría 230 pesos “por cada infracción generada y efectivamente cobrada” por medio de los dispositivos tecnológicos.
Incluso, si bien en el Reglamento de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla se indica que se podría condonar el pago de las multas a los primeros infractores, en el contrato se establece que no se podrían exentar del pago más del tres por ciento de las infracciones mensuales, para no afectar el pago a la empresa.
Posteriormente, justo al inicio de la administración de Martha Erika Alonso Hidalgo, el 14 de diciembre de 2018, se firmó el contrato SSP-DGA-C-131/2018 con Autotraffic, el cual estuvo vigente hasta el 31 de julio de este año, fecha en que la empresa dejó de operar el servicio en la entidad.
Si bien este contrato es similar al anterior, se hace una distinción en cuanto a los montos que la empresa recibiría por cada infracción impuesta.
Esto pues se estableció que por cada multa relacionada con el exceso de velocidad y “desobedecer los mecanismos utilizados para regular el tránsito”, la empresa recibiría 215 pesos.
En cambio, por aquellas infracciones correspondientes a la invasión de los pasos peatonales en vía pública, sólo le tocarían 120 pesos.
En el Reglamento de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla se indica que las multas por rebasar los topes de velocidad, detectadas con equipos tecnológicos, pueden oscilar entre las cuatro y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce entre 337 y mil 689 pesos, aproximadamente.
Es decir, Autotraffic se quedaba con entre el 70 y el 20 por ciento de cada multa cobrada por el gobierno del estado, aproximadamente.
Sin embargo, no se tiene un reporte público de cuántas fotomultas se generaron en estos períodos, por lo que no se puede estimar cuánto cobró la empresa en estos dos años.
Cabe mencionar que si bien en los cuatro contratos se indica que las especificaciones del servicio se detallan los anexos, éstos no se incluyeron en las versiones digitales que se proporcionaron.
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