Puebla, Pue.- Rodrigo Abdala Dartigues, delegado del gobierno federal en Puebla, utilizó programas sociales para promover de forma ilegal al presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A Morena le fue extraordinariamente bien en 2019: PolevnskyBolivia expulsa a embajadora de México y cónsul de EspañaLa sala regional especializada determinó que el sobrino del exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, transgredió el artículo 134 de la Constitución Mexicana, por hacer uso de recursos públicos para promoción personalizada en beneficio del mandatario.
En sesión pública los magistrados acordaron por mayoría instruir al Órgano de Control de la Secretaría de Bienestar federal, para que imponga las sanciones correspondientes al exdiputado federal de Morena.
Al exponer el caso, se señaló que Abdala Dartigues y otros 36 funcionarios federales aludieron al presidente durante la entrega de programas sociales.
En discursos, publicaciones en redes sociales e incluso en la vestimenta se involucró la imagen de López Obrador, según la resolución del tribunal.
Mediante fotos y videos se exhibió que los funcionarios atribuyeron al titular del Ejecutivo los programas sociales, además de que llevaban su nombre o fotografía en indumentaria y accesorios.
La sala especializada reportó también que Abdala Dartigues y los demás acusados incumplieron la orden de retirar de sus redes sociales las publicaciones donde promovían al presidente.
La instrucción fue girada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como una medida cautelar mientras se investigaba el caso, pero ninguno de los 36 servidores públicos la cumplieron.
La resolución del TEPJF fue resultado de una denuncia promovida por el PRD, en la que también se acusó a Morena; López Obrador; a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al coordinador de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, pero todos ellos fueron exonerados.
Abdala Dartigues también es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presunto uso de recursos públicos que no tienen que ver con programas sociales, o para fines que no benefician a los ciudadanos.
La investigación fue revelada el pasado 24 de octubre por la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, pero desde entonces no se han dado avances de las pesquisas.
Además del delegado de Puebla, son acusados los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora
Con información de econsulta y foto Archivom
agb
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