Puebla, Pue.- Privilegiando el derecho humano a la salud y a la vida de los trabajadores del Poder Judicial del Estado y de los usuarios, el Consejo de la Judicatura aprobó una serie de acuerdos para, en primer lugar, prorrogar la suspensión de labores y términos procesales al 31 de julio, además de continuar con la reactivación de procedimientos a través del uso de herramientas tecnológicas, a fin de garantizar la impartición de justicia durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
Tras muerte de directora jurídica por Covid, SMDIF descarta más casosPodrían regresar espacios públicos para fumadores en PueblaDe esta forma, el Consejo de la Judicatura determinó que las actividades ordinarias se reanuden el 3 de agosto del presente año. Cabe señalar que, mientras tanto, se mantendrán vigentes los acuerdos emitidos para la recepción y trámite de demandas en todas las materias, así como la notificación de sentencias por correo electrónico.
En este sentido, los consejeros aprobaron también el uso de promociones y notificaciones electrónicas, así como el desahogo de audiencias virtuales en los procedimientos judiciales de todas las materias.
Mediante el Sistema Electrónico de Control y Gestión, podrán enviarse promociones al Órgano Jurisdiccional, el cual las recepcionará, imprimirá y turnará para su acuerdo, el cual también deberá notificarse a las partes, únicamente de manera electrónica.
En cuanto a la celebración de audiencias necesarias para la continuación o conclusión de los juicios tramitados en todas las materias, bastará que cualquiera de las partes que hubieran comparecido a juicio, manifiesten su conformidad para celebrarla y los jueces determinen su procedencia.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura determinó también la competencia de jueces supernumerarios especializados en materia familiar, para conocer y resolver los casos de urgencia que ameriten la implementación de mecanismos de protección y respuesta inmediata, a fin de garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, las 24 horas y durante los siete días de la semana.
Con estas medidas, el Poder Judicial del Estado garantiza que la impartición de justicia no se detenga y protege los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos durante la contingencia.
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