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Sábado, 28 de Diciembre de 2024

CDH emite recomendación a edil de Zoquitlán por muerte de adolescente en separos

El organismo acredito que el adolescente fue detenido de forma arbitraria por lo Policías Municipales
Viernes, 30 de Septiembre de 2022 19:14
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Yomara Pacheco

Tehuacán, Pue.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación 16/2022 al presidente municipal de San Pablo Zoquitlán, Virgilio Efraín Cortés Jiménez, por vulneración al derecho humano, a la seguridad jurídica, legalidad y vida en agravio de un adolescente de 16 años, que fue detenido por Policías Municipales y horas más tarde fue localizado sin vida colgado en los separos de Seguridad Pública. 

Denuncian en Zapotitlán explotación de minas y daños a la Reserva de la Biosfera Clausura Secretaría del Medio Ambiente Lavandería en San Diego Chalma De acuerdo al documento emitido por este organismo las evidencias que integran el expediente 1759/2022 y su acumulado 1977/2022, quedó acreditado que el adolescente fue detenido de forma arbitraria por elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, quienes lo remitieron a los separos de la comandancia sin que fuera puesto a disposición de la autoridad competente y sin la instrucción del procedimiento administrativo y/o penal correspondiente al tratarse de un adolescente. 

Además, de que los servidores públicos en su calidad de garantes omitieron el deber de cuidado al menor, quien perdió la vida mientras se encontraba en los separos. 

Cabe recordar que los familiares del menor señalaron que tras la detención del menor de 16 años, su madre acudió a solicitar su liberación, pero indicaron que presuntamente el juez calificador les pidió 10 mil pesos, por lo que al no contar con esa cantidad determino dejar a su hijo en los separos de la comandancia municipal, siendo informados horas después de que se había quitado la vida, así como otras irregularidades más que se presentaron en el caso. 

Por lo anterior la CDH emitió diversas recomendaciones a la autoridad municipal, entre las que se encuentran proporcione a las víctimas indirectas, padre, madre, concubina del adolescente una reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Puebla. 

Asimismo, la atención psicológica, de los familiares antes mencionados que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos; otorgue una compensación económica en términos de las leyes.  

Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a las y los servidores públicos de la de la Presidencia Municipal de Zoquitlán, a fin que ajusten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, además les brinde la capacitación relativa al respecto y a la protección de los derechos humanos. 

Otra recomendación que se realizó fue que se gire instrucciones al titular de la Contraloría Municipal para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos que dieron origen a la recomendación 16/2022. 

El Gobierno municipal también fue llamado a implementar rondines de vigilancia y que asigne a una persona a efecto de que realice una estricta supervisión y atención a las Personas Privadas de su Libertad (PPL) en los separos de la Comandancia de Zoquitlán; así como para revisar y regularizar a los encargados de la administración de justicia y seguridad pública para que cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo que ocupen y regularice los nombramientos respectivos.  

El organismo de derechos humanos también solicitó que el edil justifique el cumplimiento a cada punto recomendado, debiendo remitir las evidencias correspondientes a la Comisión. 

Finalmente, también la CDH solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Puebla a que realice la inscripción de las Víctimas Indirectas al Registro Estatal de Víctimas, así como brindar el puntual seguimiento a los procedimientos respectivos, a fin de que puedan acceder a la reparación integral con motivo de las violaciones a derechos humanos que quedaron acreditadas. 

 

 

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