El INE, el ataque de Andrea Chávez a la libertad de expresión y Lilly, la ostracizada

En el divertido libro Historia de los griegos de Indro Montanelli leí lo siguiente acerca del inventor del ostracismo:

Propuestas demencialesAsí se cotiza el dólar este 21 de noviembre de 2023Clístenes asumió el poder y lo ejerció un poco dictatorialmente, “pero en nombre de la democracia”. Se vale, ¿no?

El tal Clístenes llevó a término la reforma igualitaria de Pisístrato: “Duplicó el número de ciudadanos con derecho a voto” y también “inauguró aquel sistema de autodefensa de las instituciones democráticas que se llama ostracismo”.

¿Qué es el ostracismo? “Cada miembro de la asamblea popular, de la que formaban parte seis mil personas… podía inscribir en una pizarra el nombre del ciudadano que, según él, constituyese una amenaza para el Estado. Si esta anónima denuncia venía avalada por tres mil colegas, el denunciado se veía mandado al destierro por diez años sin necesidad de un proceso que testificase sus culpas”.

“Era un principio injusto y por lo demás peligroso, pues se prestaba a toda clase de abusos. Pero los atenienses lo practicaron con moderación, si bien no siempre atinadamente, pues en los casi cien años que estuvo en uso, fue aplicado tan sólo en diez casos”.

“Y el colmo de la sabiduría acaso la pusieron de manifiesto haciendo blanco de ello precisamente a quien lo había inventado”.

“Un día en que el presidente de la Asamblea, según el enjuiciamiento habitual, preguntó a la asistencia; ‘¿Se halla entre ustedes alguno que consideren peligroso para el Estado? Y si está, ¿quién es?’, muchas voces respondieron: ‘Clístenes’. La denuncia reunió los tres mil sufragios exigidos por la ley, con lo que el inventor del ostracismo fue ‘ostracizado’ por aquel pueblo al que había devuelto la libertad y que, con sabia ingratitud, la usó para librarse de él, quien, con muchos méritos en su haber, podía sentirse tentado a hacer de ellos un título para legitimar una nueva tiranía”.

Lilly, la ostracizada

Hace unos años, en 2021 —cito una nota de la revista Proceso—, el tribunal electoral confirmó que Lilly Téllez sufrió violencia de género en redes sociales.

Ocurrió cuando ella era candidata a senadora en Sonora; candidata de Morena, por cierto. Lilly —representada por el abogado Santiago Nieto— demandó por violencia política de género a un grupo de periodistas sonorenses, integrantes de la Mesa Cancún porque, dijo la entonces candidata, se habían referido a ella con palabras “soeces y vulgares”.

En el momento en que Lilly Téllez denunció a periodistas de Sonora yo tenía muy buena relación con ella. La hoy senadora panista colaboraba en SDPNoticias —sus videocolumnas eran muy exitosas— y teníamos una buena amistad.

Pero la amistad empezó a perderse cuando, en un programa de radio de Sonora, dije que era un abuso de parte de una periodista —el oficio original de Lilly es el periodismo— denunciar a periodistas por criticones que fueran.

Recuerdo que Lilly me reclamó el comentario y le respondí que me parecía inaceptable que una periodista demandara periodistas. Sigue siendo mi posición.

Hoy me entero que a Lilly Téllez una diputada de Morena la ha demandado por violencia política de género. Lo leí en la columna de este martes en Javier Tejado Dondé publicada en El Universal. Se puede leer aquí.

La denunciante es una diputada de Morena, Andrea Chávez, quien no solo se ha lanzado contra Lilly, sino contra al menos una decena de periodistas y dos o tres personas de la política; soy uno de los columnistas denunciados.

Denise y el abuso contra la prensa

Es conocido el caso de Denise Dresser, a quien la diputada Chávez acusó de violencia política de género.

La señora Dresser fue condenada a pagar 20 mil pesos de multa y, además, su nombre ha sido inscrito en un registro de violentadores.

Denise Dresser apelará y buscará que se le dé la razón, pero por lo pronto, ha dicho Javier Tejado, ella tiene miedo y en un artículo reciente en Reforma ya no se atrevió a mencionar a Andrea Chávez.

La verdad de las cosas es que hay un abuso en eso de la violencia política de género. Se empieza a usar, ha dicho Tejado, “para intentar acallar a voces críticas”.

Inclusive se está utilizando para censurar “voces que cuestionan el actuar de funcionarios y su uso/abuso de recursos públicos”.

En el caso de Andrea Chávez, figura pública —diputada— se le cuestionó por haber utilizado un avión privado, lo que ella primero negó y después aceptó sin aclarar nunca cómo lo pagó —las horas de vuelo en jet son carísimas—. Creo que la comentocracia tenía derecho a cuestionarla. Si no se respeta este elemental derecho, ¿qué quedará de la libertad de expresión?

El caso de Denise Dresser, como bien dice Javier Tejado, sentará “un precedente muy relevante para el periodismo y el régimen de libertades en México” una vez que el fondo de la denuncia sea resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No es comparable el caso de Denise Dresser con el de Ricardo Salinas Pliego, acusado por Citlalli Hernández de violencia política de género. Porque, en mi opinión, aquí el que abusó, y feo, fue el propietario de Elektra y TV Azteca: ha insultado de más a una mujer respetable como Citlalli.

No me parece que Dresser haya llegado a los extremos de Salinas Pliego, quien por cierto parece estar logrando una especie de exoneración. Poderoso caballero es don dinero. En el caso de problemas legales, el dinero, que don Ricardo tiene de sobra, sirve para contratar los mejores abogados.

Como se dijo antes —cito a Javier Tejado Dondé—, “la denuncia de la diputada Chávez es mucho más amplia y peligrosa de lo que se ha publicado hasta ahora”.

De que está abusando la diputada Chávez, está abusando, desgraciadamente con el apoyo del INE: “Denunció a todos los periodistas, a todos los medios y hasta a cibernautas que publicaron cualquier cosa sobre los privilegios que tuvo, como el uso de aviones ejecutivos, y sobre su cercanía y apoyos que habría recibido del entonces secretario de Gobernación y aspirante a corcholata presidencial, Adán Augusto López”.

Lo increíble es que “hay abierto un procedimiento especial sancionador, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, y con número de expediente CG/1056/PEF/70/2023″ contra un número importante periodistas de todos sabores y colores.

Si me sancionan, ni hablar, aceptaré el castigo. Pagaré los 20 mil pesos y viviré para siempre con la vergüenza de estar en una lista de violentadores.

Pero no estoy de acuerdo con que el Instituto Nacional Electoral pierda su tiempo en hacer algo que huele a censura:

“El INE, en lugar de estar organizando elecciones, de por sí complejas, y viendo que no haya abusos de partidos o gobernantes, desde 2020 tiene además la obligación de estar substanciando denuncias de VPG, aunque nunca se había visto una tan amplia y con un ánimo censor de esta naturaleza”.

Ahora una pregunta a seis consejeras del INE

Estimadas y respetadas

Guadalupe Taddei Zavala,

Norma Irene De La Cruz Magaña,

Carla Astrid Humphrey Jordan,

Rita Bell López Vences,

Dania Paola Ravel Cuevas,

Beatriz Claudia Zavala Pérez:

¿Ustedes, mujeres trabajadoras, inteligentes, académicamente preparadas e idealistas, en serio van a permitir un ataque a la libertad de expresión como el que pretende ejecutar la diputada Andrea Chávez?

Va la misma pregunta a dos magistradas del TEPJF

Estimadas y respetadas

Janine M. Otálora Malassis,

Mónica Aralí Soto Fregoso:

¿Dos juristas mujeres del nivel de ustedes van a aceptar que se utilice la violencia política de genero para acallar periodistas?

Tejado quiere ser denunciado

Cito el final del artículo de Javier Tejado Dondé:

“Me parece que la diputada es una joven inteligente y aguerrida. Podría tener por delante un futuro brillante, pero, estar ‘regresando’ a temas en los que no ha habido explicaciones creíbles y, peor aún, intentar utilizar instrumentos del Estado para acallar críticas es algo irracional, abusivo y, sobre todo, antidemocrático. No se puede dejar pasar, y por ello este artículo. Ojalá y me sume a su amplia denuncia”.

Si ese es su deseo, que Andrea Chávez denuncie al señor Tejado. Le dolerá, como a cualquiera, pagar 20 mil pesos de multa y no podrá ver a su familia sin avergonzarse por estar en una lista de violentadores.

Si no estuviera en riesgo la libertad de expresión, todo esto sería una payasada, de la que ya se debe estar arrepintiendo Lilly Téllez, una de las primeras en denunciar periodistas porque la criticaban. Espero que su abogado, Santiago Nieto, también reconsidere y jamás vuelva a utilizar la violencia política de género como pretexto para que una candidata silencie a gente dedicada al periodismo.

PD. Me alegra que Lilly colabore de nuevo en SDPNoticias, que es su casa.

 

 

SDP Noticias

Columna de Federico Arreola

Foto: Especial

cdch

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