Corrientes… políticas

Mal parados como en el 2010, la derrota volvió a tocar las puertas del Revolucionario Institucional en Puebla y ahora con una división interna que pareciera agudizarse con forme se alejan los días de aquel domingo 5 de junio y se acerca el 2018.

Mientras en el equipo panista ya se sentaron a buscar perfiles para integrar el gabinetazo de Antonio Gali Fayad y perfilar a los posibles candidateables, en el tricolor siguen culpándose por lo que dejaron de hacer en los últimos seis años.

El punto es que los priístas han profundizado la división de sus corrientes internas, sin que permitan avanzar una a la otra. Los bloques están ya más que reconocidos y así por un lado aparecen: Los Morales y su cercanía con el gobernador Rafael Moreno Valle; el marinismo que se dice arropado, pero a la vez se aprecia desprotegido por el gobierno federal; los dogeristas, que siguen siendo bloque sin contar con un peso cuantificado, pero sí perceptible en las elecciones. No hay más.

A los intereses de estos tres grupos obedece el actuar de sus integrantes que tras las elecciones del 2015 y 2016, aparecen en escena diciéndose inconformes con su propio partido, pero que en realidad buscan dar un golpe a la dirigencia estatal y apoderarse de ésta, de cara al próximo proceso electoral.

Muestra de ello, es el desaguisado que protagonizó la semana pasada en redes sociales el regidor Iván Galindo con la diputada local Silvia Tanús, aunque al final de la semana tuvo que terminar pregonando la unidad de su partido, sobretodo, tras una plática -también mencionada en twitter- con la secretaria de su partido, Rocío García Olmedo.

Opaco combate a la corrupción

El veto presidencial realizado por Enrique Peña Nieto a la Ley Anticorrupción sonó a coscorrón en el Senado de la República, del cual los legisladores no quieren hacer mayor escándalo.

Lo cierto, es que tanto en la cámara alta como en la cámara baja, los representantes están en la incertidumbre por las observaciones del Ejecutivo a 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Llama la atención, sin embargo, que el presidente de la República no hizo mención del artículo 29 que incluía el reclamo de la ciudadanía para que hubiera máxima publicidad de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos.

El punto es relevante, porque sin la difusión adecuada de la llamada Ley 3de3, las declaraciones de la clase política seguirán quedando en la opacidad y dejará abierta la puerta a los actos de corrupción e impunidad tanto de políticos como de empresarios.

Habrá que esperar, ahora, la reacción de los empresarios y las universidades. ¿Habrá?

Twitter @mecinas

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