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Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Anticorrupción y transparencia

9 Noviembre, 2017
Rodolfo Ruiz R.

Lamentable creo que no porque se parte de un supuesto falso: que el combate a la corrupción en México ha fallado por la falta de leyes, instituciones y burócratas especializados en la materia.

El combate a la corrupción ha fallado porque hay impunidad sistemática y sistémica para sancionar a los corruptos, a los corruptores y a los funcionarios de dependencias gubernamentales y organismos públicos supuestamente autónomos creados para prevenirla y erradicarla, para castigar a sus implicados y para recuperar los millones y millones de pesos que se roban, desvían o esconden en paraísos fiscales como los de Barbados.

Atacar la corrupción y la impunidad más que una cuestión de leyes y códigos de ética, de institutos y comisionados de transparencia, de fiscales anticorrupción, contralorías, auditores, magistrados y ciudadanos vigilantes, es un asunto de voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso es precisamente lo que está ausente en el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, y en las reformas constitucionales y en las adiciones que se hicieron a las leyes ya existentes

Con sus honradas excepciones, en los nombramientos del fiscal anticorrupción, de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana no ha prevalecido el criterio de seleccionar a los mejores, a los más honorables y reputados abogados, y a los ciudadanos de más prestigio profesional, experiencia y conocimiento en la materia, sino el cuotismo, el cuatachismo y el blindaje administrativo y legal de los políticos que salieron o están por salir del gobierno estatal y federal.

En otras palabras: al Sistema están llegando los cuates, los amigos y empleados de los que se fueron y que pueden garantizarles, si fuera necesario, mantener en la opacidad lo que reservaron para ocultar sus transas, desvíos, abusos y excesos.

A las instituciones del Sistema Anticorrupción se están colando los recomendados de políticos y dirigentes partidistas y empresariales, bajo la modalidad de negociaciones en lo oscurito y el reparto de cuotas, posiciones y prebendas.

Por eso en el Tribunal de Justicia Administrativa los magistrados se los repartieron el PAN y el PRI; dos magistrados del llamado morenogalismo y uno del PRI.

Por eso el fiscal anticorrupción del estado es un cuate del fiscal general que no fue designado por el Congreso y tampoco por el Comité de Participación Ciudadana, sino por Víctor Carrancá, el procurador puesto por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, cuyo nombramiento trascenderá incluso el sexenio entrante.

Por eso la presidenta del Comité de Participación Ciudadana Karen Berlanga es una ex funcionaria del ex mandatario estatal en el Gabinete de Seguridad y por eso otros integrantes son también ex servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, el ayuntamiento y la administración de Gali Fayad y el auditor externo del gobierno de Moreno Valle a través de la firma Price Water House Coopers.

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