Puebla, no escapó a la Estafa Maestra

A manera de la Estafa Maestra, en el sexenio de Rafael Moreno Valle se desviaron cientos de millones de pesos de recursos públicos a través de empresas de fachada, que fueron favorecidas con contratos y adjudicaciones directas al margen de la ley.

Para evitar que esta estafa afectará la cuenta pública del ex mandatario poblano o fuera descubierta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración morenovallista se valió de organismos descentralizados como las universidades tecnológicas, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), el Consejo Estatal Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) y hasta de Asociaciones Civiles.

Los desvíos se pueden documentar cruzando información del padrón de proveedores con reportes de ejecución de obra y listados de empresas y asociaciones civiles que fueron contratadas o recibieron ayudas o subsidios por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el CECSNSP.

De acuerdo con la información disponible, los mayores desvíos de recursos públicos estatales y federales se dieron en los años de 2014, 2015 y 2016.

Entre las empresas involucradas en esta operación fraudulenta, que pasaron inadvertidas para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Finanzas —no obstante haber reportado domicilios inexistentes o ilocalizables, o que después de cobrar millonarias facturas desaparecieron o fueron desmanteladas— figuran despachos de asesoría, consultoría y capacitación, comercializadoras, corporativos, constructoras y prestadoras de servicios.

Sólo entre junio y agosto de 2016 algunas de estas empresas factureras o de fachada desviaron más de 130 millones de pesos a través del Instituto de Educación Digital (antes Universidad del Desarrollo Unides), y otros 26.7 millones de pesos del Consejo Estatal Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los desvíos, en ambos casos, se operaron mediante la adjudicación directa e ilegal de millonarios contratos de capacitación educativa, planeación didáctica y supervisión escolar; asesoría, acompañamiento y seguimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa de Educación Indígena y Educación Migrante, del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, del Programa para la Formación Continua para el Personal con funciones de Dirección y Supervisión Escolar, y del Programa de Formación de Tutores, así como del Programa Nacional de Prevención del Delito 2016.

Cruzando el padrón de proveedores del gobierno del estado, con los informes de empresas que se han beneficiado con al menos un contrato de asesoría, capacitación u obra, llaman la atención las siguientes coincidencias:

Catorce de estas diferentes empresas tienen el mismo número telefónico: 2431500; y seis, el mismo representante legal, Ricardo Moreno Mitzi.

Aún más curioso es la coincidencia de los mismos correos electrónicos. Dieciocho de estas empresas tienen el mail [email protected], dieciséis el correo [email protected], catorce el mail [email protected], seis el correo [email protected], cinco el mail [email protected] y cuatro dos correos idénticos [email protected] y [email protected]

¿A poco estas extrañas coincidencias, sólo son eso: coincidencias?

Esta historia continuará.

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