Con la novedad que la dirigencia estatal del PRI, a través de su Secretaría Jurídica, ha comenzado a evaluar la posibilidad de impugnar el modelo de coaliciones y candidaturas comunes impulsado por los partidos morenovallistas a favor de sus abanderados, entre ellos la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Hasta dónde se sabe antes del 20 de abril el PRI podría recurrir al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) o directamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para echar abajo el esquema de coaliciones y candidaturas comunes en que participan los cinco partidos de la alianza morenovallista: PAN, PRD, MC, CPP y PSI.
El asunto está siendo analizado por el secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI, José Mario Conde Rodríguez, a partir de la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF que por mayoría de votos revocó el resolutivo del Tribunal Electoral de Morelos que validó los convenios de coalición para gobernador y de candidaturas comunes para diputados locales y presidentes municipales suscritos por el PRD y el partido Social Demócrata de Morelos y el PVEM.
En Morelos no fue el PRI el partido que impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de esa entidad tras aprobar los referidos convenidos en apoyo del hijastro del gobernador Graco Ramírez, sino los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia: Morena, el PT y el PES.
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Cuentan que en la última sesión del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) la discusión más interesante no versó sobre algún partido, candidato o coalición, o alguna denuncia o amago de juicio, sino sobre el conflicto personal que mantienen el representante de Morena, Jesús Israel León Navarro, y la consejera Claudia Maribel González Ramírez.
Los enterados dicen que el conflicto entre ambos miembros del Consejo Local del INE viene de enero, cuando el representante partidista y la consejera electoral pusieron fin a su relación sentimental, tras un malentendido por un auto a crédito que sacaron y dejaron de pagar.
El pleito por quién dejó de pagar ese crédito y por quién finalmente se quedó con el auto se ha prolongado al plano profesional, lo que tiene incómodos a consejeros, representantes partidistas y funcionarios de la Junta Local del INE que no saben qué hacer para no verse involucrados en esa guerra de pasiones.
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