Niños migrantes, moneda de cambio

Tremenda polémica está generando a lo largo de territorio norteamericano la “separación de familias migrantes” a consecuencia, dicen, de la política migratoria impuesta por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero principalmente por el anuncio del Fiscal General, Jeff Sessions de aplicar “tolerancia cero” a los indocumentados que crucen la frontera y con la advertencia de que los menores serán separados de sus padres en cuanto sean detenidos y enviados a las oficias de reubicación de refugiados.

El enojo de diversas organizaciones pro-migrantes apoyadas por algunos políticos del Partido Demócrata se refleja en el inicio de una serie de manifestaciones en varios estados.

Y es que los reclamos se hicieron aún más grandes cuando algunos medios de comunicación como el Washington Post dieron a conocer que el gobierno perdió el rastro de casi mil 500 menores que después de ser separados de sus padres fueron enviados para su adopción y ahora no se sabe nada de ellos.

La crisis humanitaria que representa la situación de los niños migrantes que viajan hacia Norteamérica es ya muy grave, sin embargo, el problema viene generado, como diría Donald Trump, desde la irresponsabilidad y el abandono de sus padres. No por nada el mandatario prometió que pronto establecerá una ley a través de la cual se criminalice a los padres de los niños migrantes por arriesgarlos a tremendos peligros.

Diversos medios de comunicación en ambos lados de la frontera destacan cifras alarmantes de hasta 300 mil niños viajando solos desde Centroamérica o desde México hacía Estados Unidos. Sin embargo, ya no se sabe si las alarmas crecen o disminuyen cuando se hablaba para el año 2016 de 100 mil menores de edad encerrados en centros de detención norteamericanos. En los que pueden pasar meses sin salir mientras la autoridad migratoria determina si los deporta o los otorga en adopción temporal con alguna familia.

Sin embargo, aquellos menores que “libran” los centros de detención deambulan en las calles de las ciudades fronterizas del lado mexicano en completa vulnerabilidad de ser víctimas de cualquier delito por parte de bandas de traficantes de personas, por mencionar solo uno. Algunos serán llevados a centros de los sistemas DIF, mientras se localiza a sus padres, pero no por mucho tiempo y bajo las condiciones que estos centros tienen en México.

En gran parte Trump tiene razón en responsabilizar a los padres de los menores, pues muchos de ellos han reconocido que están seguros de que, llevando a sus hijos a cruzar ilegalmente, el Gobierno les otorgará la ciudadanía a los niños y por ende los padres quedarán protegidos de la deportación. Además, hemos hablado ya de aquellas mujeres embarazadas que piensan que cruzando la frontera la tienen ganada cuando su bebé nazca y reciba la ciudadanía de aquel país de manera automática.

Convirtiendo así a sus hijos menores de edad en moneda de cambio para que reciban el apoyo humanitario del gobierno norteamericano para ser aceptados como refugiados, no como indocumentados. El problema es que Trump y su Fiscal General piensan llegar hasta las últimas consecuencias para frenar el ingreso ilegal de menores de edad, así como el derroche de recursos para su manutención mientras permanecen en su territorio.

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