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Martes, 16 de Octubre de 2018

Difícil panorama enfrenta Martha Erika, aun cuando se reconociera su triunfo

15 Julio, 2018
La corte de los milagros

Es difícil arriesgar un pronóstico sobre el desenlace que tendrá el recurso de inconformidad que presentó Morena y Luis Miguel Barbosa Huerta para anular las elecciones de gobernador de Puebla y la constancia de mayoría que el Instituto Electoral del Estado (IEE) entregó a Martha Erika Alonso Hidalgo.

Se puede anticipar, dada la subordinación que han mantenido la mayoría de los consejeros y magistrados locales electorales, que el recurso será rechazado en Puebla y que éste terminará resolviéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Cómo y cuándo se resolverá?

Para los morenovallistas, lo más conveniente es que el fallo del juicio se dé lo más rápido posible o al menos antes de que entre en funciones la nueva Legislatura, el 15 de septiembre.

¿Por qué?

Para que en caso de que la elección se anulara y hubiera necesidad de una elección extraordinaria y de designar un gobernador interino, éste fuera nombrado por los diputados salientes, es decir, por los de la LIX Legislatura del Congreso del estado en la que los morenovallistas tienen amplia mayoría.

Sin embargo, los tiempos parecen muy apretados. Lo más probable es que la sentencia final y definitiva del TEPJF sobre el caso por Puebla salga por ahí de octubre o durante el mes de noviembre, ya cuando esté en funciones la nueva Legislatura, la LX, en la que Morena y sus aliados del PT y el PES tendrán mayoría.

¿Qué pueden resolver los magistrados del TEPJF?

El recurso de inconformidad de Morena y Barbosa para que los comicios de gobernador de Puebla se anulen se sustenta en tres supuestos: 1) que Martha Erika Alonso rebasó el tope de gastos de campaña. El tope era de 42.9 millones y la candidata de la Coalición por Puebla al Frente se habría gastado más de 54 millones de pesos; 2) que hubo inequidad en la cobertura de medios, spots fuera de los tiempos legales y actos anticipados de campaña de la esposa de Rafael Moreno Valle; y 3) que durante la jornada electoral se registraron actos de violencia, en los que hubo robo de material electoral con la anuencia y participación del gobierno estatal.

De los tres supuestos, los dos últimos parecen los más robustos.

No obstante, la apuesta del recurso de inconformidad interpuesto por Morena y Barbosa está en buena medida apalancado en el rebase de tope de gastos de campaña de Martha Erika Alonso, a partir de una serie de actos y eventos que ésta habría omitido declarar.

Si esta supuesta violación —que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos califica como grave y como causa para anular una elección—, se acreditara en los términos que prevé el artículo 41 fracción VI, Martha Erika Alonso tendría que ser sancionada y descartada como candidata en caso de una elección extraordinaria.

Frente a este hipotético escenario, el único candidato con que contarían los morenovallistas para ir a nuevas elecciones se limitaría al presidente municipal saliente de Puebla, Luis Banck Serrato.

Fuera de él, no vislumbro otro aspirante del grupo de Moreno Valle y José Antonio Gali a Casa Puebla.

Otro escenario que tampoco hay que descartar, aunque no sea del agrado de los simpatizantes de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, es que el Tribunal federal ratifique el triunfo de Martha Erika antes del 14 de diciembre, y que las cosas se queden como están.

Aun en esta situación, el panorama político para los morenovallistas luce lleno de nubarrones. Martha Erika tendría en contra a la Federación, al Congreso local y a la mayoría de los presidentes municipales más importantes de la entidad. Sus márgenes de maniobra estarían muy acotados, lo que seguramente la obligaría a conformar un gobierno de coalición y consensuar con la oposición no sólo la integración de su gabinete y la distribución del Presupuesto, sino el Plan Estatal de Desarrollo y las obras y programas que emprendería durante su administración.

De lo contrario, no veo cómo pueda transitar y lograr la gobernabilidad que necesitaría para permanecer en el cargo durante los próximos seis años.

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