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Martes, 11 de Diciembre de 2018

Juez de Cholula se burla del Poder Judicial y de sus víctimas

23 Septiembre, 2018
La corte de los milagros

Dice que no necesita tener título de abogado para ser juez

Morena y aliados insistirán en remover al fiscal sustituto

Aunque usted no lo crea el juez de consigna José Refugio Alejandro León Flores, quien durante la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle fue el encargado de mandar a prisión a varios de los opositores del ex mandatario, hoy alega —apoyándose en una argumentación jurídica descaradamente cínica y tendenciosa— que la medida cautelar de suspenderlo del Juzgado Penal de Cholula por carecer de título profesional de abogado, viola sus derechos humanos.

 

En un incidente promovido ante el presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, argumenta que al no existir en Puebla una Ley reglamentaria de las profesiones que necesitan título para su ejercicio, él no está obligado a tenerlo conforme a dos principios generales de derecho que dicen “lo que no está prohibido, está permitido” y “donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir”.

 

El juez Alejandro León Flores sostiene que la decisión de suspenderlo por carecer de título profesional “con antigüedad mínima de tres años”, como lo estipula el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, transgrede sus derechos humanos y el derecho que tutela la libertad de trabajo, consagrados en los artículos 1 y 5 de la Carta Magna. Además de que una Ley, como la Orgánica del Poder Judicial del estado no puede estar por encima de la Constitución y los derechos humanos.

 

No dejar de resultar paradójico que este juez —que en el sexenio del ex gobernador Moreno Valle se prestó para dictar resoluciones que privaron de su libertad y violaron los derechos humanos de la empresaria Dulce María Silva por rehusarse a ceder un terreno de su propiedad ubicado a un costado del Centro Comercial Angelópolis; del ex líder sindical del ayuntamiento Israel Pacheco Velázquez; de los activistas de Cholula, Adán y su hijo Paúl Xicale; y del líder del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís—, hoy se refugie en los derechos humanos para impedir su remoción y ser procesado por diversos delitos.

 

Otra tesis, igualmente sofisma del juez de Cholula para mantenerse en el cargo, es que no obstante carecer de título y cédula profesional, sí cursó en la UAP íntegramente los estudios de la Licenciatura en Derecho de 1977 a 1982 y sí aprobó el examen profesional para titularse el 8 de diciembre de 1987, y que esa acta de titulación lo convierte prácticamente en abogado.

 

Sobre las razones para no gestionar en su momento la expedición de su título, afirma que son tres: cuestiones de carácter económico, de tiempo —pues se ha entregado en forma completa a la función judicial— y por no ser necesario para desempeñar su trabajo, ya que en Puebla no existe una ley distinga qué profesiones requieren de título para su ejercicio.

 

En su escrito, presentado en enero de 2018, Alejandro León Flores arguye que cuando ingresó al Tribunal Superior de Justicia y fue contratado como secretario de Estudio y Cuenta, el 16 de junio de 1987 y como juez de primera instancia, el 30 de noviembre de 1989, nadie le requirió su título profesional.

 

Por lo anterior, concluye que la Comisión de Vigilancia y Visitadora del Consejo de la Judicatura que lo instruyó a dejar el cargo no puede coartarle su derecho de dedicarse a la profesión que eligió, ser juez, y para la cual tampoco requiere el título de abogado, ya que en el estado de Puebla no existe una ley reglamentaria del artículo 5o constitucional que determine cuáles profesiones necesitan título para su ejercicio.

 

 

EN CORTO

Aunque en la sesión ordinaria del viernes, el bloque de diputados de Morena, el PT y el PES fracasó en su intento de remover al fiscal sustituto de Víctor Carrancá Bourget, Gilberto Higuera Bernal, la Comisión de Procuración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó más tarde una minuta de decreto y un transitorio que echará abajo dicha designación.

 

La reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado dice así: Si la ausencia del Fiscal General fuera mayor a treinta días, esta se entenderá como ausencia definitiva, en consecuencia, se realizará el procedimiento establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

 

Y el artículo transitorio lo siguiente: Si al momento de la entrada en vigor del presente Decreto el titular de la Fiscalía General del Estado encuadra en el segundo párrafo del presente Decreto, el Congreso del Estado iniciará el procedimiento para la designación del encargado de despacho establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

 

Este dictamen que el viernes por la tarde se aprobó fast track con el sufragio mayoritario de los diputados emanados de la coalición Juntos Haremos Historia y la oposición de los diputados Marcelo García Almaguer, del PAN; Rocío García Olmedo, del PRI, y de Carlos Morales Álvarez, de MC, seguramente marcará la agenda legislativa de la sesión ordinaria de este lunes.

 

 

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Al interior del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del ayuntamiento de Puebla Benito Juárez crece el malestar por lo que suponen una complicidad de la administración con el secretario general del gremio Gonzalo Juárez Méndez.

 

Los inconformes dicen que en su precampaña y campaña por la alcaldía capitalina como candidato del partido Compromiso por Puebla (CPP), Gonzalo Juárez se apoyó en comisionados y representantes sindicales, sin importar que estos estuvieran en horario laboral.

 

El malestar de los opositores del líder sindical es por qué el ayuntamiento de Puebla permitió esta situación, máxime si esos representantes y comisionados del gremio no gestionaron una licencia sin goce de salario.

 

Sustentan su dicho en la respuesta que la titular de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, Mónica Sánchez Kobashi Meneses, dirigió a Tanya Rodríguez Méndez para conocer el número de comisionados sindicales y cuántos de estos pidieron licencia para participar en la campaña de Gonzalo Juárez en horarios de trabajo.

 

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