Una buena acción del gobierno de José Antonio Gali Fayad pero que desgraciadamente llega tarde —y que por lo mismo será mal interpretada al tenor de la contienda electoral— es la implementación del Servicio Civil de Carrera en todas las dependencias y entidades de la administración pública centralizada.
Esta política es positiva desde varios ángulos: evita la rotación o despido de personal cada tres o seis años, impide la improvisación en la instrumentación de programas y acciones de gobierno, reduce los costos de la curva de aprendizaje cada que hay un cambio de administración o titular de una Secretaría o dependencia, y da seguridad al personal adscrito al Servicio Civil de Carrera de que no será removido por un recomendado, sin conocimientos, ni expertiz en las tareas o responsabilidades públicas que tienen asignadas.
Sin embargo el que el gobernador Gali Fayad instruya su implementación obligatoria ahora que va de salida, puede prestarse a otra cosa: a heredar funcionarios leales a él o a su antecesor que serán sembrados en la administración pública más para cuidarle la espalda que por méritos, conocimientos o capacidad.
Da la impresión que la gestión de Gali quiere repetir la estrategia del presidente Felipe Calderón después de perder las elecciones de 2012 frente a Enrique Peña Nieto: implementar el Servicio Civil de Carrera no para mejorar la administración pública o para dar seguridad a los servidores públicos altamente calificados o especializados, sino restar margen de maniobra a las futuras autoridades y más si estas emanan de un partido o grupo que no sea el morenovallista.
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En el Poder Judicial del Estado acabar de ordenarse una serie de enroques y cambios de adscripción de jueces que parecen llevar dedicatoria o un claro mensaje de que si no aceptan, mejor renuncien.
La juez Blanca Laura Ollivier Palacios fue cambiada de Tehuacán a Zacatlán. En su lugar fue designado José Luis Arenas Juárez.
El juez José Bernardo Elfego Torres Nolasco fue removido de Tlatlauquitepec a Teziutlán; la juez Lina Claudia Ordóñez Pérez de Atlixco a Tlatlauquitepec; Enrique Romero Razo de Teziutlán a Atlixco; el juez Luis Sánchez Vázquez, de Xicotepec a Ciudad Serdán; María del Rosario Sánchez Aguilera, de Puebla a Xicotepec; al juez de oralidad Juan Carlos Malpica de Zacatlán a Cholula, y a la juez Rosa Celia Pérez González, de Cholula a Zacatlán.
Este último enroque llama la atención ahora que está por salir la película Los Demonios del Edén que recreará la detención y encarcelamiento de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro por instrucciones del Góber Precioso Mario Marín Torres en contubernio con el empresario Kamel Nacif Borge. La juez que obsequió esa orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho fue Rosa Celia Pérez.
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Javier Casique Zárate reunió la tarde de este miércoles a unos 200 invitados para festejar su cumpleaños número 51 en el Salón Tres Marías de Camino Real a Cholula.
Además de sus padres, esposa e hija y decenas de compadres y amigos, acompañaron al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI el ex candidato de este partido a la gubernatura Enrique Doger Guerrero, la lideresa de la CNC Maritza Marín Marcelo, la diputada federal Lucero Saldaña Pérez, el ex senador Ricardo Urzúa Rivera, el empresario José Yitani Maccise, el delegado de la Sedesol en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa, el abogado Germán Molina Carrillo, la delegada de la Secretaría de Gobernación Ana Isabel Allende y su esposo Adolfo Karam Beltrán.
También estuvieron presidentes municipales emanados del PRI, secretarios del Comité Directivo Estatal, ex funcionarios de la BUAP, algunos directores de medios y otros personajes de la clase política local y oaxaqueña.
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