La prisa en la toma de decisiones nunca ha sido una buena consejera, y los diputados de Morena y el PRI que hoy lunes aprobaron reformas a la Ley de Agua para que el Congreso del estado recupere la facultad de revisar y autorizar las tarifas de agua potable pronto podrían lamentarlo.
Y es que la empresa concesionaria, Agua de Puebla, podría optar por abandonar la concesión sin cumplir con las inversiones que se comprometió a realizar en los primeros cinco años, inversiones que ascienden a 3 mil 844 millones de pesos.
Sólo en 2018, Agua de Puebla debía invertir en obras de infraestructura hidráulica y saneamiento 606 millones y en 2019 unos 543 millones de pesos.
No son montos menores. Para que el lector tenga una idea de lo que esta suma representa valga decir que en la gestión de Manuel Bartlett traer el agua de Nealtican a Puebla costó alrededor de 400 millones de pesos.
El peor escenario, después de los cambios aprobados por la LX Legislatura a la Ley de Agua, es que la concesionaria se retire, sin invertir lo que había ofrecido; el Soapap se quede con una deuda de 1 mil 600 millones de pesos, y este organismo o el ayuntamiento de Puebla tengan que entrar a proporcionar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento sin contar con los recursos, personal y equipo necesarios para hacerlo.
Y todo por la prisa de la mayoría que hoy domina el Congreso del estado, al aprobar una reforma exprés para ganar reflectores, sin sentarse a evaluar el impacto de estos cambios legales y las posibles reacciones de Agua de Puebla.
La empresa concesionaria podrá argumentar a su favor que la reforma aprobada por la LX Legislatura viola varias cláusulas del convenio, que se están dando graves condiciones de desequilibrio que la afectan y demandar la reparación del daño o una suma multimillonaria por la rescisión anticipada del convenio por atribuibles a su contraparte.
Dicho escenario sería catastrófico para todos. Para el Soapap porque se quedaría sin recursos, hoy obtiene el 5% de los ingresos de Agua de Puebla, y con una deuda más de 1 mil 600 millones de pesos; para el municipio de Puebla, porque la empresa concesionaria ya no invertiría 1,400 millones que tenía comprometidos para los próximos dos años; y para el ayuntamiento, porque tendría que comenzar a dar el servicio de agua y saneamiento sin estar preparado, y sin contar con recursos humanos y materiales suficientes para una tarea de esta envergadura.
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Una vez conocidos los nombres de los aspirantes a una patente de notario y los municipios en que quedaron registrados, es fácil adivinar quiénes serán los favorecidos con estos premios de fin de gobierno.
La notaría 6 de Atlixco será para el secretario de la Contraloría del estado, Rodolfo Sánchez Corro; la 11 del distrito de Cholula que se ubicará en el municipio de Cuautlancingo será para el fiscal de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, Fernando Rosales Solís; la 12 del distrito de Cholula y que se establecerá en el municipio de Santa Clara Ocoyucan será el subsecretario de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Gustavo Luis Huerta Yedra.
De estas tres notarías no tengo la menor duda.
En las dos restantes me parece que también hay alguna definición, aunque en una no distingo al beneficiado.
La Notaría 8 de Huejotzingo podría ser para Christian Jiménez Flores, hijo del notario Geudiel Jiménez Covarrubias. Esta patente, se dice, que en realidad será para otro funcionario del gobierno estatal que no es abogado, sino contador público.
Dónde no me atrevo a dar ningún pronóstico, pues no conozco a los concursantes es en la Notaría 3 del distrito de San Juan de los Llanos, que se establecerá en el municipio de Oriental. Aquí los tiradores a la patente son Eduardo Alberto Aguilar Ruiz, Juan Carlos Zafra Caballero y Eric René Domínguez Valle.
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Este lunes la organización de maestros que busca recuperar para la profesora Elba Esther Gordillo Morales el control de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunió con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su casa de transición.
Ente los operadores de Maestros por México estuvo el diputado federal de Puebla, Guillermo Arechiga Santamaría, y quien en la reunión con López Obrador estuvo sentado a su derecha enfrente de los futuros secretarios de Educación y Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán y Olga Sánchez Cordero respectivamente.
Hay que recordar que Guillermo Aréchiga fue el coordinador de la fracción de maestros del SNTE, la primera vez que fue diputado federal en la LIX Legislatura, entonces como miembro del PRI.
La organización de Maestros por México le pido a López Obrador el desconocimiento de Alfonso Cepeda Salas como dirigente del SNTE y una elección democrática y con piso parejo en enero, donde se renovará el Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato magisterial, el más grande de América Latina.
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