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Jueves, 25 de Abril de 2024

Proyecto de sentencia: un traje a la medida de Miguel Barbosa

5 Diciembre, 2018
Rodolfo Ruiz R.

Tómelo con reserva, pero algunos barbosistas andan felices con el sentido del proyecto del magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, sobre todo en lo relativo al plazo de 60 días que se fija para la celebración de elecciones extraordinarias, después de la notificación de la sentencia.

Y es que si el proyecto es aprobado y ese plazo se respeta, en automático quedaría eliminado como posible aspirante de Morena a la gubernatura, el senador Alejandro Armenta Mier, que es el único que le disputa a Barbosa esa nominación.

La legislación vigente establece que los aspirantes al cargo de gobernador del estado tienen que pedir licencia o separarse del cargo que ocupen 90 días antes de la jornada electoral.

Si el sentido de la resolución del magistrado Vargas Valdez se mantiene y los magistrados de la Sala Superior se pronuncian por la nulidad de los comicios y por la revocación de la constancia de mayoría entregada a Martha Erika Alonso, y este fallo se notifica la siguiente semana, esto significa que las elecciones extraordinarias tendrían que celebrarse a mediados de febrero.

Los efectos de esta resolución, que parece un traje a la medida de Miguel Barbosa, son inéditos en muchos aspectos.

De entrada este fallo violentaría o violaría el artículo 20 del Código de Instituciones y Procesos Electorales que textualmente dice que después de que una elección se anula, la convocatoria para elecciones extraordinarias debe emitirse dentro de los 45 días siguientes.

Artículo 20. Cuando se declare nula una elección o cuando, en términos de la Constitución Local, exista falta absoluta de alguna fórmula de Diputados de mayoría relativa, incluyendo propietarios y suplentes, de Gobernador o de algún integrante de la planilla de miembros de los Ayuntamientos, incluyendo propietarios y suplentes se verificará elección extraordinaria, la cual se sujetará a las disposiciones de este Código y a las que contenga la convocatoria que, en su caso, expida el Consejo General.

La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral, misma que será publicada en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación en la Entidad, y que, en ningún caso, podrá limitar los derechos que tutela el presente Código”.

Otra consecuencia de este plazo de 60 días es que no podrían participar candidatos independientes, y que las campañas de los candidatos que se registren no serían de más 45 días.

La preparación de los nuevos comicios se haría también en un tiempo récord. Para ponerlo en perspectiva: la elección extraordinaria de gobernador de Colima en 2016 se llevó 100 días.

Y el efecto más importante: quedarían fuera de la contienda electoral aquellos que hoy ostentan cargos de elección popular u ocupan algún puesto en la administración pública federal, estatal o municipal, entre ellos el senador Alejandro Armenta Mier quien hoy por hoy es el único que le disputa a Luis Miguel Barbosa la nominación de Morena a la gubernatura de Puebla.

Por eso le decía al comienzo de esta columna que los barbosistas andan felices, con una sonrisa de oreja a oreja.

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Por cierto: los magistrados de la Sala Superior que andaban de vacaciones o haciendo turismo electoral en Europa, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Mata, ya están de regreso en México. Llegaron en la madrugada de este miércoles. 

Los otros magistrados que andaban en Cancún ya también retornaron a la capital del país, por lo que el proyecto de resolución del magistrado ponente José Luis Vargas Valdez se votará esta semana, con la asistencia de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

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Ante el inminente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las impugnadas elecciones de gobernador de Puebla, con lo que se cerraría el proceso electoral ordinario, el Grupo Renovación del PRI ha solicitado a su dirigencia nacional la renovación de la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE).

Y lo hizo mediante un oficio dirigido a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, en el que le piden agilice el cambio del dirigente estatal Javier Casique Zárate.

En el oficio se deja implícita la idea de que si la entidad poblana va a un proceso electoral extraordinario, en caso de que los comicios de gobernador sean anulados por el TEPJF, el PRI no puede seguir con la misma dirigencia y tampoco ir con el mismo candidato a gobernador: Enrique Doger Guerrero.

Hay que destacar que hasta el momento el oficio del Grupo Renovación no ha sido respondido por Claudia Ruiz Massieu.

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