Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la fracción de Morena en la Cámara Alta, intentará en los próximos días poner contra las cuerdas al gobierno del estado y al candidato de este partido a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Como parte de su estrategia para acorralar a Barbosa y conseguir que la dirigencia nacional de Morena se incline por Alejandro Armenta, Ricardo Monreal se valdrá ahora de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Y lo hará por conducto de su cuñado Gerardo García Marroquín, quien se desempeña como director general de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fepade.
Hasta donde se sabe el cuñado del senador Ricardo Monreal ha desplegado a ministerios públicos para que interroguen a presidentes municipales, diputados y otros servidores públicos, a efecto de que declaren que han sido víctima de amenazas o presiones para apoyar la campaña de Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia.
La intención de esta maniobra es incriminar al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) Fernando Manzanilla Prieto, en una serie de delitos electorales encaminados a generar la percepción de que en Puebla se prepara una elección de Estado.
De los hechos tienen conocimiento tanto el gobernador Guillermo Pacheco Pulido como Fernando Manzanilla, quienes han entrado en contacto con instancias federales para advertir de la intención de algunos funcionarios de la Fepade de ensuciar el proceso electoral de Puebla, y de paso a ciertos funcionarios de la administración pública estatal que han sido señalados por Armenta Mier como adversarios de su proyecto político.
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Juan Alberto Armendáriz Martínez me envió una constancia de no inhabilitación como servidor público del estado que se publica abajo de estas líneas.
El actual director de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados admitió que efectivamente es sujeto de un proceso de inhabilitación por parte de la Secretaría de la Contraloría, pero que éste aún se litiga en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
La Contraloría del estado explicó, a su vez, que Armendáriz Martínez fue sancionado con inhabilitación y multa económica, pero que dicha resolución la impugnó a través de un juicio contencioso administrativo, dentro del cual solicitó la suspensión de la inhabilitación.
Por esa razón pudo tramitar una constancia de no inhabilitado. La dependencia precisó que nadie le ha quitado la inhabilitación, una cosa es que esté suspendida y otra que no exista o haya sido perdonado o declarado inocente.
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