La visita que realizó Donald Trump a la frontera hace unas semanas, concretamente a Calexico, en California, así como los reveladores reportes presentados por los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre la crisis en toda esa franja territorial, se convirtió en un gran motivante para el mandatario norteamericano para ejercer acciones migratorias que generarán no solo conflictos políticos internos sino económicos y sociales.
La frase más repetida durante la reunión en Calexico fue que Estados Unidos ya está lleno, que ya no tiene espacio para más indocumentados. Su sistema, dijeron, ya colapsó.
Así que, la última determinación de Trump es enviar a los miles de indocumentados que se encuentran detenidos en los centros ubicados a lo largo de la frontera, a cada una de las ciudades santuario para que sean sus gobernantes, mayoritariamente pertenecientes al Partido Demócrata, los que asuman la responsabilidad de atenderlos, de otorgarles protección y asilo.
Lo anterior como una medida de revanchismo y hasta de castigo político ante la oposición de estas ciudades santuario para asumir las órdenes de la Casa Blanca respecto a la denuncia y deportación de los migrantes protegidos en ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, San Diego y Los Ángeles, en California, Austin y Houston en Texas, Denver, Boston y Seattle. Pero también para presionar a los Congresistas Demócratas por su “inactividad” para tomar fuertes decisiones en la construcción del muro y con información que facilite la deportación de los indocumentados.
Y como era de esperarse, las respuestas llegaron pronto y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que si el gobierno federal toma esa decisión acudirán, nuevamente, a los tribunales para contrarrestar esta medida. Sobre todo, porque el conflicto político de Trump con las ciudades santuario ha incluido desde el inicio de su gestión la reducción de su presupuesto, básicamente, en las áreas concernientes al apoyo que esos gobiernos otorgan en materia de salud, educación, de alimentación a los paisanos, pero principalmente en la defensoría legal y el apoyo a las organizaciones pro-migrantes.
El estado de California, por ejemplo, contempló para este 2019 un presupuesto de más de 30 millones de dólares destinados exclusivamente para la protección y el apoyo de sus migrantes indocumentados, acciones que generan el enojo constante de la Casa Blanca.
Lamentablemente las medidas y los discursos del Presidente Donald Trump en contra de las ciudades santuario generarán más actos de discriminación en contra de la comunidad migrante bajo el pretexto de vulnerar la seguridad de la zona, pues son ciudades grandes donde no todos sus ciudadanos, principalmente los nativos, ven las virtudes de tener a indocumentados protegidos por su gobierno.
La ventaja que presentan cada una de estas ciudades santuario es que también cuentan con un gran número de organizaciones defensoras de los derechos migrantes y que darían contrapeso al ambiente polarizado por el propio mandatario de la Unión Americana, pero además, esta medida podría traer consecuencias muy contrarias a las que espera el gobierno de Trump, como una mayor facilidad en la dispersión de los migrantes al resto de territorio norteamericano. Ya se verá.
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