Tener una vivienda adecuada es un derecho, y de acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se debe interpretar en el sentido amplio como el derecho a “vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. [1] Esta interpretación pone el énfasis en que no sólo se trata de cuatro paredes y un techo, sino que abarca libertades y otros derechos. Justamente ahora que el confinamiento por la pandemia de COVID-19 nos ha recluido a esas cuatro paredes son más evidentes las limitantes y la falta de materialización del sentido amplio de vivienda.
A nivel global, los rezagos en vivienda limitaron la implementación de las medidas más básicas de cuidado ante la pandemia, considerando que “más de 2000 millones de habitantes a nivel global no tienen acceso a un retrete” [2] ni se pueden lavar las manos. A esto se suma la baja calidad y resiliencia de las construcciones: 14 millones de personas se han quedado sin hogar por desastres o efectos del cambio climático, mientras que el costo que la reconstrucción se ha calculado que es 4 o 10 veces más alto que el costo de la prevención. [3]
El Banco Mundial publicó un cálculo que revela que entre 1998 y 2016 los costos de los desastres naturales en Colombia ascendieron a 5600 millones de dólares, dejando afectación en 1.7 millones de viviendas que, según el estudio, es un 65 por ciento mayor a lo invertido en programas de vivienda desde 2012. [4]
El reto en materia de vivienda para América Latina es particular por la historia de urbanización: en sólo cincuenta años, la tasa de urbanización sufrió un crecimiento exponencial. Es decir, el proceso que tomó un siglo en los países de Europa tardó cincuenta años en América Latina. No obstante, es limitada la capacidad para proveer soluciones de vivienda al mismo ritmo, a pesar de que en países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) entregaron más de seis millones de viviendas en los últimos veinte años a las poblaciones de menores ingresos.
Sin embargo, estudios especializados demuestran que el principal desafío de hoy no es entregar más vivienda, sino mejorar la calidad de las que ya existen. Aunque el déficit cuantitativo de vivienda representa el 6 por ciento del déficit total en áreas urbanas, el mayor déficit se encuentra en la cobertura y calidad de servicios; el “37% de la población urbana en la región vive en condiciones deficitarias, y muchos de ellos en situaciones de informalidad urbana.” [5]
A esto se vincula uno de los datos al respecto que más ha circulado en medios: de acuerdo con el Banco Mundial, en 2019 dos de cada tres familias en la región necesitaban mejorar sus viviendas, porque éstas no necesariamente cumplían con estándares de bienestar. Estos datos contrastan con que el 90 por ciento de las soluciones de vivienda se ejecutan a través de entregar nuevas unidades, sin obligadamente reconducir recursos a la mejora de aquellas que ya están en pie.
En materia de entrega de vivienda, la localización de varios programas de interés social en áreas periféricas también tiene un impacto respecto al ejercicio de libertades y derechos. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, repercutiría de manera negativa en los ingresos, en los ahorros y en el acceso a redes de apoyo comparado con la propiedad de una vivienda similar más cerca del centro. [6] De acuerdo con ONU-Hábitat, el 25 por ciento de la población urbana mundial vive todavía en barrios marginales donde existe desconfianza y miedo entre quienes allí habitan.
Por otro lado, existe hacinamiento (así se considera cuando más de 2.5 personas habitan un mismo dormitorio), que no sólo limita la privacidad, sino que impacta en los niveles de depresión y estrés, que están correlacionados con violencia doméstica. Se ha calculado que una de cada cuatro personas adultas sufre de estrés por el pago de renta o hipoteca.
No es un tema pendiente de solución sólo para países latinoamericanos. Incluso en naciones desarrolladas, como Estados Unidos, persisten retos en materia de vivienda adecuada. Recientemente The Guardian publicó un artículo [7] en el que señala que el voto por correo no necesariamente funciona para la Nación Navajo. ¿Por qué esto se relaciona con la discusión en torno a vivienda? Porque de acuerdo con Naciones Unidas, el voto es un derecho de “participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad”.
El texto estima que las y los votantes de esa comunidad tienen que recorrer entre 40 y 150 millas (entre 64 y 240 km, aproximadamente) para recoger su correo. Una potencial persona votante comparte apartado postal con familia y amistades, lo que puede restringir sus posibilidades de recibir la boleta de voto por correo. El acceso a internet también es limitado, lo que impacta incluso en sus posibilidades de registrarse a distancia en el contexto de la pandemia.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) reveló en un informe [8] que más de la mitad de las “personas se encuentran debajo de la línea de bienestar”, lo que les impediría contar con recursos económicos suficientes para satisfacer la necesidad de una vivienda digna.
De acuerdo con el informe:
El Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles elaboró un índice que vincula hacinamiento, mala calidad de vivienda y rezago en el acceso a servicios básicos, a partir del cual estima que el 15.26 por ciento de los municipios del país tiene una vulnerabilidad alta a ser afectado por la pandemia de COVID-19, [9] y el 1.6 por ciento, una vulnerabilidad muy alta.
Todos estos factores tienen un impacto en el grado de cohesión social, por lo menos a nivel comunidad o barrio. La pandemia ha generado o fortalecido redes de colaboración y solidaridad entre familiares, entre vecinas y vecinos e incluso entre personas desconocidas.
Estas redes de soporte inmediato han surgido aun en los espacios cuyos ambientes no son necesariamente los más favorables por el hacinamiento, el estrés, la falta de acceso a servicios, o por la carga de vivir en la periferia y las consecuencias económicas de la pandemia. No es claro hasta qué grado esas redes trascienden el ambiente inmediato y los niveles socioeconómicos, pero por lo menos a nivel comunidad han sido de sobrevivencia.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
[1] OACDH- ONU Habitat. (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo Núm. 21. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/3iZz8Nf
[2] Triveno, L. y Neilsen, O. (2020). “¡Hogar, sano hogar!”. Banco Mundial Blogs. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/31dYGzZ
[3] Ibidem.
[4] Banco Mundial. (2019). “Latinoamérica: dos de cada tres familias necesitan mejor vivienda, no una nueva”. Banco Mundial. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/356Pa2Z
[5] Adler, V. y Vera, F. (2018). “Vivienda, ¿qué viene? Aprendiendo de 100 casos de vivienda en economías emergentes”. Blog Ciudades sostenibles. BID. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/3dxwLjw
[6] Libertun de Duren, N. (2017). La carga de la vivienda de interés social: comparación entre hogares de la periferia y del centro en ciudades de Brasil, Colombia y México. BID. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/355WgEy
[7] Murtaugh, I. (2020). “Mail voting doesn’t work for Navajo Nation’: Native Americans face steep election hurdles”. The Guardian. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/37h3853
[8] CONEVAL (2019). Principales retos en el ejercicio del derecho a la vivienda digna y decorosa. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/3nWzNT3
[9] Cervantes, L. (2020). “Vivienda en la pandemia, efectos adversos del rezago habitacional”. El CEO. 14 de octubre de 2020. https://bit.ly/3nR3xAO
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
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