En 2018, más de 336 fideicomisos federales guardaban en sus cuentas 879 mil millones de pesos. Veinte veces el presupuesto de la UNAM, siete veces el de la CDMX y tres veces el de la SEP de ese mismo año.
Las 32 entidades federativas, por su lado, disponen en conjunto de 326 fideicomisos, que suman por lo menos 39 mil 140 millones de pesos al día de hoy.
Los municipios más grandes del país también han acudido a esta figura para fondear sus proyectos de gobierno.
Los fideicomisos en sí no son perjudiciales. Dotan de recursos económicos a proyectos de largo alcance, sin las restricciones ni la fiscalización exhaustiva a las que están sujetos los presupuestos públicos. Pero justo esta característica de flexibilidad y agilidad es su talón de Aquiles. El secreto fiduciario protege a un fideicomiso de la mirada escrutadora de cualquier autoridad y de cualquier abuso por parte de ésta.
Cuando el origen del dinero es privado y lícito, el fideicomiso garantiza y da seguridad jurídica a su propietario, para que se cumplan sus propósitos y mandatos, pero cuando el dinero es público, es decir, recursos fiscales de las y los contribuyentes, el fideicomiso se puede convertir en una caja negra de irregularidades, desviaciones y corrupción.
Éste es el diagnóstico que el Ejecutivo federal formuló para presentar su iniciativa de extinción de 110 de los 336 fideicomisos existentes, que suman un total de 69 mil millones de pesos. Es decir, ni se extinguen todos los fideicomisos ni el Gobierno de México absorbe todos los recursos fiduciarios existentes.
Se podrá argumentar que el diagnóstico de la iniciativa es sesgado, parcial y afectado de manipulación. Que es una exageración o una mentira que los fideicomisos sean un pozo negro de corrupción.
Sin embargo, además del Ejecutivo, existen organizaciones de la sociedad civil y personas estudiosas del tema que han llegado a la misma conclusión. Una de ellas es la organización Fundar, que publicó recientemente los hallazgos de sus investigaciones en el texto “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”. ¿Qué conclusiones alcanza? Veamos:
Como muchas de las leyes, instituciones y procedimientos que existen en el país, los fideicomisos son figuras con nobles propósitos, pero malas prácticas y, en muchos de ellos, resultados pésimos y contrarios a sus fines originales.
El debate público en este momento es ensordecedor y sórdido. Y parece un diálogo sordo. Esperemos que el debate parlamentario salga de este pantano de intereses, que no de ideas, y encontremos el punto de conciliación entre los legítimos intereses particulares de quienes se sienten afectados por la desaparición, y el interés general de la nación.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
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