La nueva relación México-Estados Unidos: el caso del general Cienfuegos

El 14 de enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado oficial, que no ejercería acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional de México, acusado por la DEA (la Administración de Control de Drogas, de Estados Unidos, por su significado en español) de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, al “no existir hechos específicos que puedan ser atribuibles de manera clara y objetiva al inculpado”. Es oportuno recordar que esta decisión se dio a partir de las leyes y los procedimientos legales vigentes en nuestro país.

Al siguiente día, el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, estableció la postura de México y respaldó la decisión de la FGR con toda contundencia, indicando que las pruebas recibidas de parte de la DEA no tenían ningún valor probatorio para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. Cabe señalar que para que una prueba indirecta sea considerada admisible por quienes imparten justicia en nuestro país, ésta debe estar sustentada por elementos adicionales, como testigos o movimientos bancarios o financieros, entre otros.

En la misma conferencia matutina, el presidente instruyó al canciller Marcelo Ebrard a dar a conocer a la opinión pública todo el expediente de la investigación de la DEA, con el fin de no dejar en entredicho al Gobierno de la República ni a sus instituciones, haciendo hincapié en que México es un país libre, independiente y soberano, el cual no acepta intimidaciones. La publicación del documento se realizó ese mismo 15 de enero.

Un día después, el Departamento de Justicia (DJ) de Estados Unidos manifestó que se encontraba “profundamente decepcionado” por la decisión de México de cerrar la investigación contra el exsecretario. Vale la pena recordar que el propio embajador de la Unión Americana en México, Christopher Landau, expresó, dos días antes, que el fiscal general de su país, William Barr, tomó la decisión de devolver al general “sin ningún tipo de condiciones”, las cuales, en caso de haber existido, no hubieran sido aceptadas por el Gobierno mexicano, como lo refirió, a su vez, el presidente López Obrador.

El DJ expresó además su inconformidad en relación con la difusión de datos confidenciales, lo cual, estimó, viola el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (TAJM) entre México y Estados Unidos, vigente desde 1987, pero no indicó específicamente cuáles disposiciónes resultaban trastocadas. De igual manera, declaró que se reservaba el derecho de reiniciar la investigación en contra del militar mexicano en retiro.

En lo referente a la violación del TAJM, no se ha confirmado si el Gobierno estadounidense, por considerarlo necesario, solicitó que la información o las pruebas suministradas al Estado requirente (en este caso, México) se conservaran en confidencialidad, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo sexto del Tratado.

En todo caso, si el gobierno encabezado por el presidente López Obrador no hubiese tomado la decisión de difundir el expediente, porque “así lo exigían las circunstancias por estar de por medio el prestigio de México”, no habría sido posible exhibir ante la ciudadanía que existió fabricación de delitos, por haber elementos probatorios insuficientes en contra del general Cienfuegos, y el sector conservador mexicano estaría señalado, sin duda, que este régimen es lo mismo de antes, es decir, que no se combate la impunidad, que no existe la transparencia y que no hay Estado de derecho, como señaló el mismo presidente López Obrador el día de hoy en su conferencia matutina de prensa.

Con respecto al derecho que se reserva el DJ de reiniciar la investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, la DEA deberá, eventualmente, aportar pruebas contundentes a la justicia de su país. Esto significa que habrá de realizar un trabajo verdaderamente profesional y no uno que pretenda fabricar delitos voluntaria o involuntariamente, y deberá partir de la base del respeto a los principios de presunción de inocencia y del debido proceso, para demostrar la culpabilidad o la inocencia de cualquier persona.

En este contexto, lo que se desprende de todo este caso es, por una parte, la débil e inverosímil investigación de la DEA, sustentada en un expediente de 751 páginas que carece de evidencia directa, o indirecta bien sustentada, sin mencionar que la investigación de delitos contra la salud, iniciada en 2013 por la misma dependencia, la cual involucró al militar mexicano a partir del 2015, fue ocultada al Gobierno de nuestro país hasta el 15 de octubre de 2020, fecha de la detención.

Lo que está aconteciendo es una nueva configuración de las bases, los límites y las reglas, por parte del gobierno mexicano, de la presente y futura relación con los Estados Unidos. El presidente López Obrador ha demostrado que la autoridad moral y política con que cuenta es esencial para establecer relaciones de respeto, de dignidad, de transparencia y de independencia frente a la Unión Americana en éste y en los demás ámbitos de la relación.

Esto no significa que nuestro vecino y socio comercial no utilice todas sus prerrogativas para hacer valer su influencia, a fin de promover y proteger sus intereses, sino que el actual gobierno mexicano está haciendo valer nuestros intereses, valores, instituciones, democracia y credibilidad frente al exterior, incluyendo a los Estados Unidos, como hacía mucho tiempo no ocurría.

Esta nueva postura del gobierno de México se encuentra respaldada por acciones concretas dentro de nuestro país, a saber: el combate a la corrupción y a la pobreza, la garantía del pleno ejercicio de las libertades y los derechos, el esfuerzo institucional de todos los poderes para que el Estado de derecho funcione correctamente, la lucha contra el crimen organizado, la rendición de cuentas, la mejor distribución de la riqueza, entre otras.

En algunos sectores de Estados Unidos, incluyendo a órganos o instituciones como la DEA, aún no se ha interiorizado del todo el hecho de que nuestro país va en camino de una verdadera regeneración, es decir, de una verdadera transformación de su vida pública.

Asimismo, en diversos medios de comunicación nacionales, así como en periodistas, analistas y personajes políticos de la derecha de nuestro país son notorios los reflejos de miedo, subordinación, antimexicanismo, antisoberanismo, malinchismo, inferioridad, culto exacerbado, intervencionismo, exaltación desmedida hacia todo o mucho de lo que es y proviene de Estados Unidos u otros países.

En este contexto, cabe recordar que la irrupción del Capitolio en Washington, el 6 de enero, ha dejado ver una faceta social y política inédita en Estados Unidos, y que sus instituciones, su Estado de derecho y su justicia son tan perfectibles como la de cualquier democracia en el mundo. Desde luego, deseamos que la Unión Americana recupere su gobernabilidad y pueda desprender importantes reflexiones sociales y políticas de lo acontecido ese día en su Parlamento.

Son infundadas las aseveraciones a propósito de que las relaciones entre ambos países se deteriorarán debido a las acciones diferentes del actual gobierno mexicano, incluida la de transparentar e informar al pueblo mexicano sobre el caso del general Cienfuegos y el expediente remitido por la DEA, pues este tipo de pensamiento o enfoque proviene de una época en que, en general, las instituciones de nuestro país no protestaban, no transparentaban, no defendían a la mayoría de su población ni el interés nacional y, sobre todo, no tenían la autoridad moral y política con que cuenta el presidente López Obrador y el gobierno que representa.

México debe reafirmarse como una democracia fuerte y consolidada, es decir, como un Estado en el que las instituciones dan certidumbre a la población y al país; en donde el Poder Judicial o la Fiscalía no están subordinados a ningún otro poder, ni nacional ni extranjero; en donde las elecciones son libres y periódicas; en donde existe libertad de expresión y derecho y acceso a la información pública; en donde se aplique lo que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen, como los principios de política exterior plasmados en el artículo 89, fracción X, de nuestra Carta Magna.

Sin duda, México valora la relación que tiene con la Unión Americana, la cual es importante para ambos países, como vecinos y aliados, relación que conlleva una multiplicidad de temas en la agenda bilateral, que impactan directamente en las vidas cotidianas de ambos pueblos.

Baste recordar que la próxima agenda de política exterior incluye temas como migración, comercio, combate a las drogas y el nuevo marco jurídico en materia de agentes del extranjero, aprobada por el Senado de la República, entre otros.

Las nuevas bases de cooperación y colaboración con el Gobierno estadounidense, sean cuales fueren, así como con cualquier otro país, se deben dar a partir de la igualdad jurídica de los Estados, del respeto mutuo y a la soberanía, al derecho internacional, al verdadero profesionalismo, al apego a la verdad, a la transparencia, la rectitud, la ética y, desde luego, la justicia.

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