Tres años de hechos, no palabras

Mañana, Andrés Manuel López Obrador hará lo que ningún otro líder político de la actualidad podría: llenará la plancha del Zócalo, para informar sobre los resultados de sus tres primeros años de gobierno. No es de extrañar que frente a este ejercicio democrático existan tanto descalificaciones al reporte mismo como a la actuación del primer mandatario.

Y no es de extrañar, porque desde que se convirtió en el líder del movimiento que aspiraba a cambiar el régimen político de México, los grupos de oposición, fieles al statu quo, se han encargado de tapizar a AMLO de adjetivos denostativos para tratar —sin éxito— de desprestigiarlo. El de demagogo es quizá uno de los más utilizados.

La palabra demagogia hace referencia al ofrecimiento de promesas difíciles de cumplir, para convencer al pueblo. A la mitad del camino, podríamos preguntarnos si realmente la oposición, los adversarios y la reacción tienen razón en llamar demagogo al Gobierno actual, pero la respuesta concreta y contundente es NO, pues si no hubiera cumplido con lo prometido, sería imposible explicar cómo el presidente llega a su tercer año de gestión con más del 70 por ciento de aprobación.

Es cierto, el movimiento encabezado por el ahora jefe de Estado postuló en su momento ideas y promesas de campaña que, ante la realidad pasada, parecían inalcanzables, incluso utópicas, pero que en esta etapa del sexenio, a pesar de las dificultades halladas en el camino, se reflejan en cambios profundos a la normatividad que rige la vida pública del país.

“Por el bien de todos, primero los pobres” es una frase que se ha traducido en cambios constitucionales aprobados en el Congreso de la Unión, a través de los cuales se garantiza que, a quienes se les había ignorado por el modelo económico pasado, hoy tienen acceso a la protección de un Estado de bienestar robusto; que las personas adultas mayores cuenten con una pensión digna; que las personas con discapacidad reciban un apoyo económico, y que la juventud tenga acceso a becas educativas que le permitan formarse académicamente.

Se dijo también que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”. Para cumplir con esto, para poner fin a los excesos y los privilegios de la burocracia dorada, se aprobaron cambios a la Constitución, a fin de que la austeridad republicana sea una política transversal, y aunque aún existen algunas instancias que se resisten a ponerla en marcha, como el Poder Judicial, hoy se puede decir que la esencia del servicio público en México, la vocación de servicio, se ha reivindicado.

Por otro lado, el presidente AMLO prometió realizar acciones para separar el poder político del poder económico, y lo ha cumplido. En el Poder Legislativo se aprobó poner fin a la condonación de impuestos, prohibir el uso de empresas fantasmas y terminar con la tolerancia o complicidad que permitía el uso de facturas falsas con las que el erario mexicano era defraudado. Así se evita que las pérdidas se sigan socializando, mientras que las ganancias se privatizan.

En su toma de protesta de hace tres años, el presidente López Obrador señaló: “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”, para lo cual se catalogó a la corrupción como delito grave, y se inició con una reforma al Poder Judicial, a fin de incrementar su eficiencia y disminuir la impunidad.

En resumen, las promesas difíciles de cumplir se traducen hoy en al menos 240 productos legislativos para alcanzar las grandes demandas de la sociedad. Es cierto, hay aún pendientes, como la pacificación del país, pero han sido los hechos y no las palabras los que alejan al actual Gobierno de cualquier atisbo de demagogia o de la supuesta dictadura que sólo advierten quienes se oponen al cambio de régimen.

 

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