Amixtlán, Pue.- Tres violentos asesinatos tras el robo a personas de la tercera edad –el más reciente hace semana y media-, hicieron que pobladores de Amixtlán se manifestaran para exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de atender la seguridad pública, esclarecer los crímenes y castigar a los responsables.
Amixtlán es un municipio habitado por 2 mil 700 personas de la etnia totonakú, su territorio es pequeño e irregular, tiene apenas 45 kilómetros cuadrados y está ubicado entre San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Camocuautla y Ahuacatlán en la Sierra Norte. Sólo se puede llegar a él a través de la carretera Interserrana –muy deteriorada-, lo que hace que un recorrido desde Zacatlán, que debe cubrirse en una hora, se haga casi en cuatro.
Los manifestantes, reunidos este sábado en la cancha techada del poblado, denunciaron que desde hace dos años, cuando inició la gestión del alcalde priísta Alejandro Javier Becerra Salazar, se desató una ola de violencia: primero hubo robos a viviendas, luego asaltos dirigidos principalmente a personas de la tercera edad, sobre todo los días en que recibían los recursos del programa “65 y Más” y lo más grave es que los tres más recientes derivaron en la muerte de las víctimas.
Las personas asesinadas o que murieron luego de ser atacadas, fueron: Epifania, a quien además de robarle la violaron y falleció a los pocos días como consecuencia del hecho; Vicente que murió tras la paliza que le dieron los ladrones y Luis, -muerto hace semana y media-, a quien sus victimarios le quemaron medio cuerpo, señalaron.
En los tres casos la manera de actuar de los responsables ha sido similar. “En dos de los tres casos las víctimas fueron violadas y uno de ellos fue quemado de medio cuerpo. Días antes de sus homicidios –que ocurrieron con varios días y hasta meses de distancia-, las tres personas habían vendido algún terrenito”, explicaron los manifestantes.
También han entrado a las casas a robarse las pantallas que les entregó el gobierno federal con motivo del denominado apagón analógico. “Se trata de gente pobre a la que le quitan lo que les entregan como ayuda o bien el producto de varios años de trabajo”, indicaron indignados.
Además de la violencia que han vivido, la gota que derramó el vaso fue que desde el 19 de enero pasado le entregaron al presidente municipal un oficio para darle a conocer la situación y exigirle que contratara a más policías y adquiriera por lo menos una patrulla más.
“Nos reunimos para mostrarle nuestra inconformidad por la inseguridad. Le hicimos saber que a las personas de la tercera edad las vigilan cuando reciben sus apoyos y son asaltadas. Que las dejan heridas o las matan. Que el 16 de enero habíamos tenido que organizarnos para impedir que se metieran a robar en los barrios San Pedro y Pucuxi, y como actuamos de inmediato los rateros huyeron entre la maleza, pero la policía no los capturó”, detallaron.
A los que han detenido, agregaron, luego los dejan libres, a pesar de que existan denuncias.
El presidente firmó ante ellos un acta de acuerdo y se comprometió a adquirir otro vehículo para la seguridad pública, así como a contratar más policías, pero a la fecha no ha cumplido y eso motivó la protesta, dijeron, “porque sólo así sabemos que va a haber alguien que nos venga a ayudar”.
“Le pedimos al presidente Alejandro Becerra Salazar que pusiera a trabajar a su personal de seguridad y se comprometió y no lo hizo. Por eso ya estamos hartos de esta situación y queremos la destitución del comandante”, reclamaron.