Puebla, Pue.- El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, confirmó que la Secretaría de Marina entró a la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac para cumplir una orden de aprehensión con bandas del huachicol.
Ante la resistencia de los habitantes de la junta auxiliar, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Ejército había cometido abusos en mayo del año pasado, este día personal de la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno se mantiene en la zona en busca de diálogo.
En la primera etapa, explicó el funcionario estatal, buscan que los inconformes liberen la autopista Puebla-Orizaba que lleva más de cinco horas cerrada a la circulación.
En el diálogo con los pobladores participan el edil en funciones y el electo, Alejandro Martínez Fuentes, acusado de incitar a la población a cerrar la pista, después de que presuntamente la Marina intentó entrar a su casa.
Diódoro Carrasco precisó que a Martínez Fuentes le pidieron participar del diálogo y accedió.
Después de que el 19 pasado de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos - recomendación 12VG/2018- acusó al Ejército Mexicano de ejecutar civiles y sembrar armas en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo del año pasado, la madrugada de este día nuevamente personal castrense llegó al lugar y generó caos.
El cateo a una casa de la zona, que ha trascendido es propiedad del presidente municipal electo de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, derivó en la quema de llantas y el cierre de la autopista Puebla-Orizaba por más de cuatro horas.
Sin embargo, en entrevista, Martínez Fuentes precisó que el ingreso de personal castrense fue a casas de sus vecinos y en ningún momento mencionó que haya sido a alguna de sus propiedades, porque intentaron ingresar a su casa, pero no lo lograron.
La presencia de fuerzas federales a la junta auxiliar fue denunciado por Martínez Fuentes, quien a través de redes sociales mostró como una mujer recibió una bala en la pierda por parte de personal del Ejército.
Sin embargo, alrededor de las 10:00 horas cuando intentó dialogar con los habitantes de Palmarito Tochapan para que reabrieran la vialidad, éstos lo lanzaron piedras y lo corrieron del lugar, al acusarlo de negociar con quienes han sido sus verdugos.
Es importante mencionar que Martínez Fuentes durante la pasada campaña electoral fue acusado de ser hermano de “El Toñín”, líder huachicolero de la zona del Triángulo Rojo, donde se ordeña y comercializa combustible de procedencia ilícita. Sin embargo, declaró que el huachicolero sí es su familiar, pero es su primo, no su hermano.
En este momento, decenas de pobladores de Palmarito Tochapan mantienen bloqueada la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 185.
Los excesos del 3 de mayo de 2017
El tres de mayo del año pasado, los campesinos que lavaban sus cebollines en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan fueron confundidos por personal del Ejército Mexicano, quien según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejecutó civiles y sembró armas en el lugar para justificar los hechos a través de una historia oficial.
Quecholac está ubicado a 90 minutos de la capital poblana y forma parte del denominado Triángulo Rojo. El municipio será gobernado a partir del 15 de octubre por Alejandro Martínez Fuentes, acusado de ser hermano del líder huachicolero “El Toñín”, a quien reconoce como familiar, pero en calidad de primo.
Mientras las autoridades federales y estatales expusieron que en los enfrentamientos niños y mujeres fueron utilizados como escudos humanos, la CNDH estableció que fue personal castrense el que abrió fuego contra una camioneta y su conductor, al cual un soldado terminó ejecutando.
La Comisión en la recomendación 12VG/2018 acreditó que militares y policías estatales solaparon la ejecución arbitraria de dos personas; el trato cruel contra 12 civiles -incluidos menores de edad-; la detención ilegal de dos infantes y hasta manipularon un cadáver y sembraron armas a las víctimas fatales.
De los enfrentamientos 13 personas fueron detenidas, incluidos 4 menores de edad, pero las instancias competentes no lograron acreditar la responsabilidad penal de seis porque no hubo orden de aprehensión previa ni elementos para justificar las aprehensiones.
Uno de los adolescentes fue acusado de circular por la zona en una motocicleta vinculada al enfrentamiento; el organismo autónomo estableció que lo bajaron de una camioneta Ford Ranger sin que hubiera motivos que justificaran su detención.
Otros dos jóvenes fueron acusados de incitar a civiles a privar de la vida a los militares, pero al final se desvirtuó el actuar de los menores y no pudieron ser acusados penalmente, describe la CNDH.
Incluso, horas después del enfrentamiento, pobladores de Quecholac también cerraron la autopista Puebla-Orizaba para exigir la liberación de los detenidos que argumentaban, no tenían nada que ver con las historias narradas por las autoridades.
Ahora parte de la historia se repite, y los conductores que circulan la autopista Puebla-Orizaba están a la espera de un arreglo para que se restablezca la circulación.
Forografía archivoe
Con información de LSR
clh