Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que impulsará un litigio en contra de los contratos “leoninos” que firmaron las administraciones morenogalistas con instituciones financieras y que heredaron una deuda pública por 46 mil millones de pesos, pues aseguró que "no regalará el dinero de Puebla".
Reconoció que las finanzas públicas del gobierno del estado están “presionadas” debido a los pagos millonarios que se tienen que hacer mensualmente para solventar la deuda pública heredada por sus antecesores Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, por lo que consideró importante “renegociar” la misma con las instituciones financieras.
“Tenemos finanzas públicas presionadas, porque tenemos que estar pagando las deudas que nos dejaron, pronto estableceré litigios contra cada deuda para poder en todo caso negociar, pero primero quiero litigar tantito. Lo que firmaron los anteriores gobernadores fueron contratos leoninos en contra del gobierno del estado y sí vamos a seguir pagando lo que ahí se dice, simplemente no voy a estar regalando el dinero de Puebla”, sentenció.
En entrevista con Valentín Varilla para El Portador, subrayó que la Secretaría de Finanzas le paga mensualmente a una institución privada financiera, además acusó que en estos contratos seguramente se entregan “moches” para ex funcionarios de las pasadas administraciones, por lo que investigarán al respecto a través de Inteligencia Financiera.
“Debe de haber moches actuales todavía repartiéndose de lo que se recibe del pago que hace mensual y lo vamos a encontrar dentro de Inteligencia Financiera”, puntualizó.
Barbosa Huerta adelantó que ya se están reuniendo con las empresas y revisarán los contratos, condiciones y costos de las obras como el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, Museo Internacional Barroco (MIB), las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), las plataformas de Audi en la zona de San José Chiapa.
Deuda pública asciende a 46 mil mdp: Finanzas
La deuda pública heredada por los gobiernos morenogalistas asciende a 46 mil millones de pesos, si bien 7 mil millones de pesos corresponden a los pasivos al corte del 30 de noviembre de 2019, se tienen obligaciones financieras por 39 mil millones 514 mil pesos por los contratos del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, el Museo Internacional Barroco (MIB) y las Plataformas de Audi en la zona de San José Chiapa.
Lo anterior lo reveló la secretaria de Planeación y Finanzas María Teresa Castro Corro, durante la comparecencia en el Congreso local en el marco del primer informe de actividades del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que actualmente las finanzas públicas del estado “son sanas”.
Explicó que las obras que se contrataron bajo los modelos financieros como son Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) entre los que se destacan el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional Barroco (MIB) no están tipificados como deuda pública en la Ley de Disciplina Financiera; sin embargo, si generan obligaciones de pago.
La funcionaria estatal desglosó la cifra de los 46 mil millones de pesos que reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta en el mes de agosto y refirió que 10 mil 173.6 millones de pesos corresponden a la deuda pública; mil 339 millones de pesos a Pago de Intereses; Bono Cupón Cero; Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) con un saldo de 16 mil 241 millones de pesos.
Por el concepto de subsidios y Obligaciones para subsanar diversas operaciones del Museo Barroco y Audi por un importe de 3 mil 769.9 millones de pesos; se firmaron diferentes convenios de 159 millones de pesos; además una deuda solidaria del Soapap con el municipio de Puebla la cual asciende a 2 mil 339 millones de pesos.
En este sentido dijo que el gobierno de Puebla tiene otras erogaciones, las cuales no especificó y reconoció que el Ejecutivo tiene serios problemas en materia de pensiones.
Destacó que el ISSSTEP no cuenta con recursos actuariales, ni cuenta con reservas actuariales, con lo que se pone en riesgo el funcionamiento del Organismo Público Descentralizado (OPD), por ello es que la entidad tiene diversos modos que enfrenar.
Foto: archivoe
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