Casi seis millones de servidores públicos, de los tres niveles de gobierno —2.28 millones de ellos laboran en los estados—, no fueron mencionados en la presentación original de la reforma en materia de pensiones que anunció el presidente López Obrador.
Un día después pidió paciencia a los empleados públicos, “mientras pasa la actual situación”, para definir el respectivo planteamiento. La duda inmediata es si ello hará viable que libere el Congreso el programa detallado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con un mensaje que tranquilizó al mundo financiero, pues existían ya propuestas legislativas de Morena para confiscar los fondos de retiro privados —las Afores— y que fueran administrados por el gobierno federal.
La prudencia mostrada en este tema por López Obrador y el secretario Herrera está justificada. Las pensiones para los trabajadores públicos son una de las mayores pesadillas gubernamentales. Un aumento en las aportaciones para los futuros jubilados por parte de la hacienda federal, que se sume a las comprometidas en favor de los afiliados al IMSS, ahondará un boquete fiscal ya insostenible.
Así lo demuestra el desastre que arrastran las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda —una cuota política pagada a su padre, el exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez. Y permite distinguir la bomba que aguarda por parte de la burocracia federal, cuya ola expansiva arrastrará sin duda a sus colegas de los ámbitos estatal y municipal.
El ISSSTE carga un pasivo de 20 mil millones de pesos, que le impide tener siquiera avances tímidos para resolver su enorme rezago en infraestructura hospitalaria, equipo médico y abasto de medicamentos.
Este último tema quedó dramáticamente demostrado la semana pasada al morir la niña Ana Lucía, diagnosticada con leucemia en el hospital 20 de Noviembre, el más importante del ISSSTE, donde se agotó el medicamento que se le daba, a decir de sus padres, a los que alguna vez en Palacio Nacional se les aludió como “supuestos padres”.
Para cubrir ese déficit, el ISSSTE ha recibido transferencias crecientes del presupuesto federal, por lo que todos los contribuyentes lo financiamos. En el gobierno Peña Nieto el nivel de aportaciones fue disminuyendo, pues pasó de 15,700 millones en 2012, a 5 mil millones en 2018. En 2019 el nuevo gobierno solo lo refaccionó con 3,800 millones, en espera de ahorros o eficiencias, que nunca llegan.
De su presupuesto actual, superior a los 323 mil millones de pesos, 70% se dedica a pagar las pensiones. ¿Qué tan profundo querrá hacer el gobierno López Obrador ese barril sin fondo?
En declaraciones públicas, el propio Ramírez Pineda ha aceptado que conduce un sistema basado en un modelo desarticulado, carente de médicos de todo tipo. A ello debe añadirse que hacia dentro del gobierno López Obrador crece la exasperación ante el deficiente desempeño del funcionario, conocido en su trayectoria política por sacarle la vuelta a los problemas y acabar cediendo a presiones, sea de los líderes sindicales, sea de grupos internos equistados.
Ante ello, se estima que el tema desembocará en una crisis que estallará a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien suficientes problemas carga ya.
Una faceta delicada se acumula desde 2016, cuando el salario mínimo fue desindexado y el ISSSTE comenzó a birlar a sus pensionados parte de sus ingresos, al cacularlos en UMAs, la unidad en la que se apoyan diversas proyecciones administrativas.
Como resultado, la burocracia federal pensionada ha enderezado contra la institución más de 13 mil demandas con las que demuestran que con el cambio de indicador perdieron hasta 25% de sus ingresos. Los jubilados que ganan hasta cinco salarios mínimos, el grupo que más preocupa al presidente, vio desparecer de su talón de pago el equivalente a uno de esos salarios, según declaraciones de dirigentes del sector. Esos juicios equivalen, de acuerdo con cifras oficiales, a 2 mil 200 millones de pesos.
La pasividad en el organismo ha provocado adicionalmente que estén estancados otros 104 mil juicios, con múltiples reclamos, los que al momento de ejecutarse significarán por arriba de 7 mil millones de pesos más.
Columna de Roberto Rock L.
El Universal