En octubre de 2018, todavía en las mieles del triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador acudió a un evento privado de Grupo Televisa al que también fueron invitados algunos de los principales empresarios de México y representantes de compañías multinacionales. Era el llamado Up Front que realiza todos los años la televisora para presentar las novedades y fortalezas de la compañía a sus principales anunciantes.
En la mesa principal, junto al entonces presidente electo, se sentaron, además de Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, los representantes de los principales anunciantes de Televisa. Daniel Servitje, CEO de Grupo Bimbo; Paula Santilli, presidenta de Pepsico Latinoamérica; Alejandro Baillères Gual, presidente y heredero del Grupo BAL (que agrupa al Palacio de Hierro, GNP y Peñoles; quien además es uno de los principales accionistas de FEMSA, la principal embotelladora privada de Coca-Cola), Eduardo Tricio, dueño de Lala y principal accionista de Aeroméxico y CitiBanamex, entre otros.
Los multimillonarios escucharon a un López Obrador moderado, quien aseguró que apoyaría la inversión privada y favorecería la generación de empleos en las grandes corporaciones. Todo era miel sobre hojuelas en aquel foro de Televisa Chapultepec. Pero quizá desde entonces el político tabasqueño tenía bien guardados los latigazos que daría a las lucrativas empresas de consumo masivo y sus dueños, algunos de los cuales financiaron y apoyaron campañas para tratar de evitar que llegara a la Presidencia.
En esta situación están Alberto Baillères, Daniel Servitje y su socio en el sector energético, Eduardo Tricio Haro, así como el mandamás de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal. Los cuatro forman parte de la lista de las 10 familias más ricas de México y AMLO les está haciendo la vida imposible.
El trasfondo de la estrategia de ‘apretar’ a los dueños y representantes de las principales empresas de bebidas y alimentos procesados –las cuales el subsecretario Hugo López-Gatell ha llamado peyorativamente “productos envenenados”, y más cortésmente “productos chatarra”– tiene que ver, además del tema de salud, con un equilibrio de poderes entre lo económico y lo político, sobre todo porque la capacidad financiera de estos magnates les da para financiar a opositores al proyecto de la 4T hacia el próximo año, en 2022 con la revocación de mandato, y hasta 2024 cuando se renueve la Presidencia.
La persecución comenzó con el nuevo etiquetado frontal al que se resistieron las empresas, pero que comenzó a funcionar este mes tras su aprobación en el Congreso federal. De nada sirvieron los cabildeos de los directores generales de FEMSA, Pepsico, Lala, Bimbo, Danone, Nestlé, Herdez, La Costeña, Sigma y otras empresas que se reunieron con el presidente López Obrador a principios del año para intentar frenar las regulaciones.
Según fuentes del sector, las cuales fueron confirmadas por funcionarios de Palacio Nacional, las regulaciones de etiquetado frontal y los próximos aumentos en el IEPS que serán propuestos por los legisladores de Morena en la Ley de Ingresos 2020, se deben a que las empresas no cumplieron con un acuerdo pactado con el gobierno de la 4T, el cual consistía en contratar a miles de jóvenes, capacitarlos como educadores físicos y enviarlos a las escuelas, rehabilitar parques y espacios públicos para hacer deporte, así como implementar una campaña masiva para dar a conocer cómo leer correctamente los etiquetados actuales y promover la actividad física.
Tras no cumplirse lo pactado y luego del cabildeo de López-Gatell y de la organización El Poder del Consumidor se aprobó un nuevo etiquetado, como el que se usa en Chile, con el que los alimentos y bebidas tienen que hacer mucho más visible su contenido mediante el uso de un símbolo octagonal en la parte frontal del producto, así como regular su publicidad. A esto se suma la actualización de impuestos que se hizo para los refrescos en el ejercicio fiscal 2020.
Resulta que el jefe de la Oficina de la Presidencia y aliado de los empresarios, Alfonso Romo, no pudo contener la avalancha regulatoria en contra de las firmas de consumo, entre otras cosas porque también dentro de su equipo de cabilderos estaba un exdirectivo de una embotelladora de Coca-Cola, José Manuel Madero.
El más reciente embate de la 4T contra las empresas de productos procesados se está dando en los congresos locales. En Oaxaca, los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad.
Dos días después de su aprobación en el estado que gobierna Alejandro Murat, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que evaluaría con los diputados locales la prohibición de venta de esos productos, pues la ingesta excesiva de los mismos puede generar comorbilidades en los niños de la capital del país.
En tanto, la morenista Elisa Villalobos anunció que llevaría al Congreso de Coahuila una iniciativa similar, en la que se prohíba vender golosinas y refrescos en las tiendas aledañas a las escuelas, e igualmente se hizo en Sinaloa, de la mano de los también morenistas Victoria Sánchez Peña y Pedro Villegas Lobo.
Tabasco, entidad que gobierna Adán Augusto López, se adelantó a esas intenciones y se convirtió este lunes en la segunda entidad del país en aprobar la también denominada “Ley contra alimentos chatarra” con 22 votos a favor y sólo ocho en contra.
La medida con la que se golpeará a una industria que genera alrededor de 80 mil millones de dólares anuales en el país avanza en diversos congresos del país a propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional, pero impulsada específicamente por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien asesora a los legisladores para que puedan sortear las resistencias de los grupos parlamentarios de oposición.
El funcionario encargado de la pandemia de Covid-19 se dio tiempo para prácticamente redactar lo aprobado en Oaxaca, y estaría haciendo lo propio para que se replique en Aguascalientes y en el Estado de México; incluso, los propios morenistas aseguran que se ha enviado a varios congresos el documento aprobado por el subsecretario para que sirva de base a los legisladores.
En el Senado de la República hay también una propuesta para hacer la prohibición de carácter nacional por parte del oaxaqueño Salomón Jara, quien además añadiría un gravamen a los alimentos procesados y a bebidas de alto contenido calórico, el equivalente a la mitad de su precio.
AMLO y los suyos van con todo en contra de los llamados “productos chatarra”, pero sobre todo en contra de los empresarios que en el pasado lo fustigaron con campañas negras y financiamiento a sus opositores.
¿Hay alguien que verdaderamente pueda cabildear en favor de estas empresas con el Presidente?
Es la pregunta de los mil millones… que los empresarios estarían dispuestos a pagar con tal de que los dejen en paz
Columna de Mario Maldonado
El Universal
Foto: Archivoe
cdch