El miércoles 18 de noviembre se reunirán ejecutivos de Telmex y burócratas del Sindicato de Telefonistas (STRM) con funcionarios del gobierno y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para discutir sobre las demandas pendientes de Slim respecto a la situación financiera y comercial de su compañía después de aplicada la “separación funcional”.
Esta reunión se dará bajo una clima de “amenaza de huelga” que viene, después de innumerables “prórrogas”, desde marzo del 2017 cuando el IFT ordenó la “separación funcional” de Telmex. “Amenaza” planteada por la burocracia sindical como vía “combativa” para “frenar” la división de activos de la compañía, pero que mantienen para ayudar a Slim a conquistar sus demandas.
De acuerdo al patrón y a la cúpula sindical telefonista, Telmex se encuentra en “números rojos” desde hace dos años a causa de las sanciones que el IFT le ha impuesto, pero también debido al “incremento” del personal jubilado y el gasto que esto le representa a la empresa. Discurso que presentarán ante las autoridades para exigir la entrada de Telmex al mercado de la televisión por cable, aumentar las cuotas que cobra a otras compañías por usar su red y para avalar el “plan accionario”, con el que pretenden reducir el gasto en jubilaciones y “recapitalizar” a la empresa.
Recientemente el IFT reconoció por primera vez que Telmex acapara menos del 50% del mercado nacional, condición esencial para dejar de ser considerada “agente económico preponderante” (monopolio) y quitarle candados legales que le impiden diversificar sus servicios. Además el gobierno actual es “amigo” de los principales capitalistas del país, especialmente de Carlos Slim, por lo que es de esperar que dé pasos importantes en alcanzar sus objetivos.
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