El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la mañana de este viernes que pedirá a la Judicatura que revise el proceder del juez que autorizó la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el propio mandatario.
“Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, señaló.
El mandatario subrayó que apenas un día después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, comenzaron las solicitudes de amparo. La publicación fue el pasado martes 9 de marzo.
Una de ellas corresponde a la empresa Parque Solar Orejana, a partir de la cual un juez federal decidió suspender de manera provisional dicha reforma.
Con esta modificación a la industria eléctrica se deberán revisar, por ley, los permisos de autoabastecimiento de energía. Si se detecta que fueron otorgados a través de un fraude deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
También se deberán revisar los contratos con los productores independientes de energía, según el decreto.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica señala que los suministradores de servicios básicos “podrán celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica a través de subastas que llevará a cabo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”.
Este organismo determinará la asignación y el despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación para “satisfacer la demanda de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, y mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía tendrán 180 días naturales para realizar las modificaciones necesarias para cumplir con este decreto.
Diversas organizaciones advirtieron que la reforma incrementaría el costo de la energía eléctrica para los usuarios y daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que podría desplazar a sus competidores y alejar las inversiones extranjeras.
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