El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, parece decidido dejar en los cajones de su oficina una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco, un aliado político del presidente López Obrador.
La UIF le atribuye al exfutbolista estar al centro de un esquema de lavado de dinero por más de 500 millones de pesos operado por un empresario afín y veterano amigo, Jaime Tamayo Godínez, en coordinación con el jefe de Oficina de la gubernatura, Juan Manuel Sanz. El entramado incluye transferencias a cuentas de bancos nacionales y extranjeros, así como depósitos en favor de la esposa y otros integrantes de la familia del gobernante.
La denuncia fue conocida desde inicios del año pasado, y nuevos señalamientos surgieron en junio, lo que el día 12 de ese mes obligó al Presidente a declarar, durante una de sus “mañaneras”, que las indagatorias deberían proseguir. Y, en un deslinde, dijo: “Yo no soy tapadera de nadie”. Sin embargo, menos de seis meses después, el pasado 3 de diciembre, le reiteró al gobernador su respaldo. Incluso, refirió que cuando Blanco fue alcalde de Cuernavaca (2016-2018) “se le armó un plan para desaforarlo”.
En aquella oportunidad, el propio AMLO dijo que “siempre ha estado en contra de los desafueros, en especial si tienen una implicación electoral”. “En estos casos -añadió- he estado en favor de la víctima de una persecución política”. Refirió que en el caso de Blanco, “subí a redes una defensa en su favor, pese a que no lo conocía personalmente, salvo por su carrera futbolística”.
Se trató de un posicionamiento ligado a la historia política del ahora presidente, para dar abrigo a un aliado. Pero es inevitable contrastar este caso y estas frases cuando se trata del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, un adversario político de Palacio Nacional, donde se le considera artífice de la Alianza Federalista.
En esta misma lógica habría que inscribir al fiscal general Gertz Manero, que en diciembre pasado acudió en auxilio de Cuauhtémoc Blanco, quien sostiene una guerra de baja intensidad contra el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, designados en 2018 para un periodo de nueve años. El pasado 17 de diciembre, Gertz pidió un juicio de procedencia contra Carmona bajo cargos de delincuencia organizada (expediente FGR/SEIDO/2092/2020).
Poco después de asumir la gubernatura en 2018, Blanco pidió al Congreso local destituir a ambos fiscales, a los que atribuye ligas políticas con el referido exgobernador Graco Ramírez. A sus batallas ha sumado al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Hernández Cruz, que en días pasados denunció vejaciones contra jóvenes recluidos en un centro de rehabilitación estatal.
Fuera de esos conflictos, la actividad del gobernador Blanco es descrita como días de vino y rosas, como reza la canción. El hombre es feliz.
Apuntes: En el combate a la pandemia, cada día que se pierde puede ser una eternidad para el enfermo y su familia. El 22 de enero, hace justo 50 días, el presidente López Obrador anunció haber dado instrucciones a la Secretaría de Salud para autorizar a gobiernos estatales y a empresas privadas la compra de vacunas, previo cumplimiento de varios requisitos. Esto fue una simulación, según las evidencias disponibles. Siete estados conjuntaron una bolsa de casi 800 millones de pesos, contactaron conjuntamente a la farmacéutica Pfizer, autorizada por el gobierno mexicano; pactaron una intención de compra; solicitaron el aval de Salud y de Gobernación por la vía de la Conago…, pero siguen esperando. (rockroberto@gmail.com).
Columna de Roberto Rock para El Universal
agb