En cualquier país, la masacre de 13 policías por bandas del crimen organizado detonaría una crisis mayor, prendería todas las alarmas, provocaría renuncias. Aquí no pasa de una condena. Sale barato matar.
El crimen organizado se siente muy a gusto con la estrategia de abrazos no balazos. Les asegura un alto grado de impunidad. Ya controlan, según estimaciones de Washington, entre 30 y 35 por ciento del territorio nacional.
Si las autoridades federales no pueden con los malosos, menos las estatales y las municipales.
México aparece en el lugar 60, entre 69 países medidos, en el índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas de Puebla.
La brutal masacre, ocurrida en la localidad mexiquense de Coatepec Harinas, el pasado jueves, apenas despertó interés en redes y sólo fue primera plana en cinco de 18 medios nacionales analizados. Ni uno sólo le dio la nota principal. Un síntoma de la normalización de la violencia en este país.
“Causa en Común”, que encabeza María Elena Morera, documentó que el asesinato de los policías no es un hecho aislado. Desde el 2018 han matado a 1,531 agentes. La mayoría ha quedado impune.
“Los policías tienen cinco veces más riesgo de ser asesinados que cualquier otro ciudadano. Si no nos importan los policías, ¿cómo podemos pedirles que nos protejan? ¿Cómo exigirles que cuiden de nuestra vida cuando no nos indigna que los maten?”, preguntó la activista.
No hay señales de que la violencia disminuya. No las hay. El Presidente lleva más de dos años en el poder. Sigue culpando al pasado de lo que ocurre en el presente.
Dice que la violencia creció porque nunca se atendieron las causas que la provocan. Lleva 27 meses en el poder y las estadísticas de violencia nomas no bajan: más de 70 mil muertos en dos años.
*
Esa incapacidad de proteger a los ciudadanos se incrementa con los candidatos en campaña. Intergalia Consultores, que encabeza Luis Carlos Ugalde, hizo un reporte sobre la violencia de septiembre de 2020 a enero de 2021.
En ese lapso se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos.
¿El saldo? 64 asesinados: 17 funcionarios municipales, seis activistas, cinco funcionarios federales y estatales, cuatro periodistas, tres líderes partidistas, tres expresidentes municipales, tres legisladores locales, dos presidentes municipales, dos jueces, dos funcionarios de fiscalías y 12 más bajo el rubro “otros”.
A principios de marzo fue presentada la estrategia de la 4T para proteger a candidatos o aspirantes a algún puesto de elección popular. No ha servido de mucho. En lo que va de este mes ya bajaron a tres aspirantes:
El morenista Pedro Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Chilón, Chiapas; Yuriel Armando González, aspirante del PRI al municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: y José Melquiades Vázquez, virtual aspirante del tricolor a la alcaldía de La Perla, Veracruz.
Le pedimos a Ugalde un comentario sobre la estrategia de la 4T contra la violencia política. No lo convenció.
“El anuncio de AMLO es retórica sin substancia. La única forma de proteger a los candidatos de los ataques del crimen organizado es erradicar la fuerza territorial de dichos grupos”, nos dijo.
El exconsejero presidente del IFE agregó que se requerirá de al menos una generación para lograr esa erradicación, si empezáramos hoy. Y explicó los motivos de su pesimismo frente a las elecciones del 2021:
“El gobierno carece de las capacidades para dar protección a cientos de candidatos en campaña. En 2021 habrá más de 10 mil candidatos en campaña para las 3 mil 500 posiciones que se compiten (sin excluir regidores).
“De esos habrá aproximadamente seis mil candidatos para competir por las casi 2 mil presidencias municipales, asumiendo tres candidatos, en promedio, por cada una.
“Imaginemos que en ese universo de 2 mil 500 ayuntamientos hay 500 que operan en zonas de alto riesgo. Tendrías que dar protección a 1,500 candidatos. Suponiendo que le ponen tres guardias a cada uno, requerirías de 4 mil 500 para cuidar a los candidatos sólo de los ayuntamientos.
“Y eso sin contar a los candidatos a diputados locales”, puntualizó.
*
Arturo de Jesús Peimbert Calvo es el nuevo fiscal general de Oaxaca. El Congreso de Oaxaca lo eligió con 33 votos a favor. Su perfil tranquiliza. Ha tenido acciones relevantes en la protección y defensoría de los derechos humanos. Fue el primer ombudsman de Oaxaca. ¿Su primer compromiso? Proveer justicia a los y las oaxaqueñas, de manera enfática a las mujeres”, dijo, luego de rendir protesta al cargo. Buen comienzo. Vamos a ver cómo termina.
Columna El Arsenal de Francisco Garfias en Excelsior
Fotografía archivom
clh