Como cualquier otra intervención médica, la vacunación contra cualquier enfermedad es opcional para las personas.
El principio de autonomía en bioética significa que cada persona tiene la prerrogativa inalienable de decidir el destino de su existencia misma, que transita necesariamente por la posibilidad de recibir tratamientos de diversas índoles, incluyendo, por supuesto, las vacunas, o decidir las condiciones de su reproducción.
Los límites de esos derechos están en relación con los derechos de los demás, de tal forma que mis decisiones no deben afectar a otras personas.
Hablando de personas vulnerables, incapaces para decidir por sí mismas, o de menores de edad, la sociedad debe velar por sus intereses y protegerlos aun en contra de la voluntad de quienes velan por ellos.
La actual pandemia confronta muy explícitamente el interés individual contra el beneficio de la colectividad. El ejemplo de quienes no desean vacunarse es muy claro. Individualmente, esa persona tiene todo el derecho para decidir no recibir el biológico, incluso podría decidir morir por covid-19, pero a lo que no tiene derecho es a esparcir su infección hacia otros miembros de la sociedad.
El reciente discurso del presidente de Francia manifiesta una posición muy clara y razonable. En pocas palabras, les señaló a quienes no quieren recibir la vacuna que respetará su decisión, pero, por supuesto, al día siguiente no podrán acceder a muchos lugares de convivencia social ni a sus oficinas, porque exactamente es en lugares cerrados donde ocurren los contagios.
Probablemente, los franceses que decidan no vacunarse van a perder sus empleos, pero no hay solución. El bien de la sociedad en su conjunto debe prevalecer en contra de la decisión individual.
Los menores de edad plantean un problema todavía más complejo porque los progenitores tienden a sentir que los niños y niñas son su propiedad y quienes deciden no vacunarse esgrimen una serie de razones, por supuesto sin validez científica, pero que para ellos son importantes y desean hacer extensivo ese “beneficio” a su prole.
Frente a ese panorama y con evidencia científica suficiente para afirmar categóricamente que una vacuna específica protege a los menores, con un riesgo infinitamente menor que el de la enfermedad misma, la sociedad debe asumir la decisión de vacunarlos aun en contra de la voluntad de sus padres. Debemos, partir del principio de que los menores están bajo el cuidado de sus padres, siempre y cuando ellos garanticen el cuidado óptimo y con los mejores elementos a su alcance.
México tiene articulada una política pública inteligente desde hace muchos años, consistente en concatenar requisitos que garanticen el buen cuidado de los infantes. El ejemplo más claro es solicitar como requisito para el ingreso a la escuela la cartilla de vacunación de los menores. La escuela es, además, una obligación clara en la legislación hasta el extremo de que si un padre no lleva a sus hijos, le puede costar la patria potestad.
En este delicado momento de un tercer repunte en el número de casos por covid, especialmente en población infanto-juvenil, debemos recordarle a la población la indiscutible obligación de vacunar a sus hijos menores para atajar la que, esperemos, sea la última oleada de la infección.
Columna de Raymundo Canales de la Fuente
Excélsior
Foto: Archivoe
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