El documento interpuesto ante la corte federal de distrito de Massachusetts menciona que 10 empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos diseñan, venden y distribuyen sus armas de una forma consiente de que equipan a los cárteles de la droga en México.
Afirma que las compañías diseñan estas armas de forma que sea más fácil modificarlas para disparar automáticamente y que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal en México.
La demanda elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expone que, incluso, las armas tienen diseños que son atractivos para los mexicanos.
El gobierno mexicano argumenta también que la conducta ilegal de las empresas demandadas “ha reducido sustancialmente la esperanza de vida de los ciudadanos mexicanos y cuesta al gobierno mexicano miles de millones de dólares”.
En la demanda, las autoridades mexicanas destacan que México no cuestiona la ley, políticas públicas o acciones del gobierno estadounidense en materia de armas, sino que se concentran en la producción y comercialización.
Asegura que México tiene leyes que hacen imposible que las organizaciones criminales compren armas en territorio mexicano y presume que México tiene sólo una tienda de venta de armas en el país que vende menos de 50 al año.
Las empresas demandadas por el gobierno mexicano son:
Smith and Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock; Sturm Ruger and Co, Barrett e Interstate Arms.
fotografía: cuarto oscuro
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