Emplazados por el INE cuando investigaba los diezmos que la actual secretaria federal de Educación descontó quincenalmente a 550 empleados del ayuntamiento de Texcoco, los dueños del Grupo de Acción Política dijeron encabezar una “organización altruista”.
No: el GAP fue hasta 2011 una corriente del PRD y en 2013 (cuando comenzó a recibir el fruto de las extorsiones) sus líderes se incorporaron a los trabajos de fundación de Morena. Al no ser una organización registrada, llamó la atención que la entonces alcaldesa, el síndico, el secretario y el tesorero del ayuntamiento emitieran cheques para un engendro evidentemente ilegal. El viernes de la semana pasada, el consejero Ciro Murayama se preguntó: “¿Cómo puede un ayuntamiento girar cheques a una persona moral sin personalidad jurídica?”. Y peor si “los líderes del GAP son también dirigentes y candidatos electos de Morena”.
Otros datos que ilustran el pedestre caso Delfina es que los tres años de la extorsión a sus subordinados y la emisión de cheques al GAP (por dinero de origen particular como si proviniera del presupuesto público) coinciden con la formación de Morena en 2013, la obtención de su registro en 2014 y su primera campaña en 2015. “No hay duda de la imbricación entre el GAP y Morena. Tampoco, de la actividad partidista y político-electoral de las personas que retuvieron los recursos a los trabajadores, que se emitieron los cheques desde el ayuntamiento y de quienes los recibieron y cobraron”, dijo Murayama.
“Es fundado que se operó una trama ilegal de financiamiento político electoral”. Pero la práctica no la inventó aquella célula de Morena: “En 2018, este Consejo General sancionó una operación muy similar en el gobierno de Chihuahua: se retenía dinero a los trabajadores para luego entregar los recursos al partido que gobernaba la entidad, el PRI”, dijo el consejero, refiriéndose a la gestión de César Duarte. Cuando la texcocana operación Delfina fue denunciada en los debates de candidatos a la gubernatura del Estado de México, la señora que ocupa hoy la responsabilidad de José Vasconcelos (precandidata al Edomex para que reincida en el intento), entrevistada por Carmen Aristegui, no tuvo reparo en admitir que aquel dinero mal habido fue “para la causa de Morena”.
Al argumentar la multa de 4 millones 200 mil pesos a ese partido (los descuentos a los trabajadores municipales de Texcoco sumaron 13 millones), Murayama concluyó: “Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de la corrupción si permitimos que el uso patrimonial de los cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso, lo haga quien lo haga. Es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso puede quitársele parte de su salario.
Descontar nómina para financiar apuestas políticas personales y de grupo es una conducta del subdesarrollo político, propia del clientelismo que sigue presente, de forma lamentable, en nuestra realidad…”
Columna de Carlos Marín
Milenio
Foto ArchivoM
Vab