La reapertura de la frontera con EU alienta la expectativa de recuperación económica, pero también la vuelta a la “nueva normalidad” se acompaña del regreso de políticas migratorias más agresivas que en la era de Trump y “fatalmente defectuosas”. La expulsión de migrantes y solicitantes de asilo moviliza la preocupación en los puntos más calientes del trasiego de personas por el crecimiento del secuestro en estados fronterizos en que la violencia se presenta con altísimos niveles de brutalidad y temen nuevas tragedias como la de San Fernando, Tamaulipas, en Juárez o Nuevo Laredo.
El optimismo del comercio por abrir el tránsito en la frontera el próximo 8 de noviembre contrasta con las malas perspectivas de la crisis migratoria presente en los 19 meses de confinamiento, con escenas inhumanas como en la expulsión de haitianos a México. La pandemia deja un gran descontento y más de 50 millones de pobres en Latinoamérica, listos para el periplo de la desigualdad, a pesar de que Biden olvidó su promesa de “enmendar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior” y aplica medidas aún más severas, como negar el derecho al asilo con el título 42 de la ley de salud. Este año van más de 148,000 mexicanos deportados, en la expulsión más grande desde 2019 con Trump: la migración es una metáfora de la desigualdad.
En ese contexto, las restricciones sanitarias y programas antiinmigrantes, como Permanecer en México, se traducen en combustible para el mercado de la migración. Las fronteras se vuelven sistemas de clasificación social y dispositivos de necropolítica. Tan sólo en Ciudad Juárez, líder en impunidad en el país, el negocio se estima en 30 millones de dólares mensuales por delitos asociados a la migración, como la extorsión y el narcomenudeo.
En esa ciudad fronteriza de Chihuahua, junto con otras de Tamaulipas, se concentra la mayor cantidad de retornos de migrantes de EU y esperan que la apertura también traiga datos explosivos de secuestros de los expulsados en número creciente. El crimen y la deportación aumentan en paralelo, Human Rights First contabilizó hasta agosto pasado más de 6,000 secuestros y otros delitos en ciudades mexicanas, que, como Juárez pasaron de cero a más de cinco denuncias de plagio de migrantes, a pesar de una cifra negra casi total.
Los haitianos, hondureños, salvadoreños y muchos otros latinoamericanos que nutren las caravanas de migrantes por México hacia EU abandonan “Macondo” —como dice el informe Latinobarómetro 2021— para incorporarse al mundo elevando sus demandas de oportunidades del mundo global. Pero lo hacen por los caminos más peligrosos de la deportación, sobre las zonas más inseguras de la frontera en las que es “imposible proteger a los solicitantes de asilo”, como reclaman 29 grupos de inmigración, encabezados por el American Immigration Council, al gobierno de Biden.
La crisis migrante estalló en la cara de Biden con una decisión judicial que lo obligó a restaurar Permanecer en México, de la era de Trump, que desde 2019 ha devuelto a 70,000 solicitantes de asilo hasta determinar su caso. Pero la “papa caliente” está en las manos del gobierno mexicano, que deberá decidir si acepta el retorno de miles de personas sin estatus migratorio, como ya hizo con Trump cuando nos convirtió de facto en tercer país seguro.
Oxfam y Doce, organizaciones civiles, presentaron en la Corte un amicus curiae para frenar la participación de México en el programa por ser una política que viola el derecho al asilo y los compromisos internacionales del país. El silencio que hasta ahora ha guardado al respecto es abrumador, mientras en los puntos calientes de la frontera la inacción y la omisión es el sello distintivo de la atención a los casos de desaparición de migrantes. De acuerdo con las pocas denuncias de migrantes, los cárteles de la droga están metidos en las redes de polleros, que los obligan a pasar droga por la frontera y otros delitos asociados como la extorsión, la trata y hasta el tráfico de órganos. Y se advierte de la colusión de las autoridades para silenciar el tema. Por eso la preocupación de que este “coctel criminal” acabe por conducir a otro horror como el de la matanza de migrantes en San Fernando, pero esta vez en Juárez o en Nuevo Laredo donde se recrudece el secuestro.
Columna de José Buendía Hegewisch
Foto: Archivoe
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