La secretaria de Planeación y Finanzas (SPF) María Teresa Castro Corro, informó que la deuda pública que heredó el morenovallismo asciende a 44 mil 187 millones de pesos al cierre 2022 y el Gobierno del Estado destinó un importe anual promedio de 3 mil 281 millones de pesos para estos compromisos como APP y PPS.
Durante la glosa del Cuarto Informe de Actividades del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la encargada de las Finanzas en Puebla, expresó que las obligaciones se redujeron 3.79 por ciento en términos nominales y 10.99 por ciento en términos reales en los últimos 3 años, asimismo, destacó que gracias a la visión del ex mandatario estatal no se endeudó al Estado con ni un solo peso durante el año pasado.
“Respecto al tema de deuda pública y obligaciones de pago en el pasado, el saldo de 2022 es de 44 mil 187 millones de pesos, destacando que se han atendido en tiempo y forma las obligaciones del importe correspondiente, destinamos 3 mil 281 millones para el pago de deuda, APPS, PPS y compromisos del pasado”, puntualizó.
En su mensaje, la funcionaria estatal indicó que durante 2022, se logró un equilibrio fiscal que permitió finanzas públicas sanas, bajo la visión del ex mandatario Miguel Barbosa Huerta, luego de que supervisó el ingreso y gasto a fin de atender con los recursos disponibles y sin deuda metas planeadas e imprevistas.
En otro orden de ideas, destacó que el Congreso local aprobó un Ejercicio Fiscal en 2022, el cuál ascendió a más de 110 mil millones de pesos y estuvo enfocado en llevar el desarrollo social a toda la entidad.
Agregó que del total de los recursos públicos, el 62 por ciento estuvo enfocado en rubros como salud, bienestar, educación, seguridad y campo poblano.
Presentan 22 denuncias por lavado de dinero
Por otra parte, la funcionaria estatal indicó que en Puebla se presentaron 22 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir por lavado de dinero, además de que ha habido una coordinación con Notarías Públicas, ante la aprobación de la Ley del Notariado, con la finalidad de evitar conductos de procedencia ilícita para que se vulnere al estado.
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