Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron por unanimidad diversas reformas a la Constitución en materia judicial, que se suman la Ley Orgánica del Poder Judicial que elaboró el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que fue aprobada en octubre pasado.
En sesión de este martes, los diputados avalaron que el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional, no sean representados por el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana.
Este órgano tendrá facultades de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, de la carrera judicial, pero no podrá remover a personal del Tribunal Superior de Justicia, cuya presidenta es Margarita Gayosso Ponce.
Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura se encargará de solicitar y manejar su propio presupuesto anual.
Asimismo permitirá que los órganos del Poder Judicial puedan promover leyes y decretos ante el Congreso de Puebla, siempre y cuando sean en materia de justicia penal.
Impide que una misma persona ocupe las presidencias del Tribunal Superior y Consejo de la Judicatura, como ocurría en la presidencia anterior.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz, consideró que el objetivo de estas modificaciones es garantizarle a la ciudadanía acceso a la justicia y rechazó que sean un “parche” a la reforma del ex gobernador.
Por la mañana, interrogado sobre la iniciativa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes rechazó por igual que haya un “parche” a la actual Ley Orgánica, y estimó que se trata de subsanar lagunas legales, así como fortalecer las funciones administrativas y jurisdiccionales.
“Las leyes siempre tienen una tendencia a poder mejorar, generarse con mejores condiciones y que eso nos lleve a consolidar la Reforma al Poder Judicial, que sin duda tiene grandes beneficios y es un gran paradigma”.
En sus redes sociales, el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox, reconoció la iniciativa del Congreso que fue avalada en comisiones y sólo resta que sea votada por el Pleno.
Aseveró que fortalece las atribuciones jurisdiccionales de los Tribunales y de gobierno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
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