Puebla, Pue.- La secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, aseguró que asume su responsabilidad por haber invertido 600 millones de pesos en Accendo Banco durante 2021 en la administración del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, dijo que el tema de determinación de responsabilidades es competencia del órgano fiscalizador.
En lo que va de la comparecencia, la funcionaria estatal ha sido evasiva en sus preguntas, lo que han señalado varios legisladores.
Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso Local, la funcionaria estatal justificó que decir si hay o no culpables es una determinación que va fuera de sus atribuciones, ya que los elementos están expuestos, por lo que será el organismo fiscalizador el encargado de declarar las responsabilidades correspondientes, además de que se está en el proceso de litigación y recuperación de la inversión.
“Yo no soy autoridad competente para determinar la culpabilidad, en el ámbito de la aplicación de la función, nosotros invertimos en una institución regulada, el deslindamiento de responsabilidades le toca a las autoridades fiscalizadoras y la recuperación del recurso tampoco está en manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas está en proceso del IPAP”, apuntó.
Tras ser cuestionada por los diputados locales los motivos el por qué habían invertido en Accendo Banco, explicó que no fue la única inversión, sino se hicieron 11 movimientos que se realizaron con diferentes instituciones bancarias, como parte de una política de diversificación, ya que las tasas de inversión eran superiores al 1.5 por ciento.
“La decisión se tomó y fue la misma forma para meterlo en otras instituciones, se realizaron más inversiones en diferentes instituciones bancarias, como parte de la política de diversificación”.
Castro Corro, indicó que la inversión de los 600 millones de pesos en Accendo Banco no forman parte del ejercicio fiscal 2021, ya que fue dinero invertido de ejercicios anteriores, por lo que lamentó el “sesgo político” que se dio al tema por parte de algunos medios de comunicación.
En la comparecencia en la sede del Congreso local también abundó sobre el pago de 2 mil 600 millones de pesos que el Gobierno del Estado pagó al SAT, producto de los malos manejos financieros, desde el ejercicio fiscal 2015.
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