La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó al sistema penitenciario en Puebla y lo ubicó entre los cinco estados con las calificaciones más bajas.
Así se advierte en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, donde 12 entidades no alcanzan una evaluación aprobatoria.
Además, de los 16 centros de reclusión revisados por el organismo en Puebla, sólo tres logran pasar de “panzazo” en el proceso.
En el documento se indica que Puebla obtuvo una calificación general de 5.02, apenas superior a Guerrero con 4.92, Zacatecas con 4.70, Hidalgo con 4.63 y Tamaulipas con 4.26.
Las mejores notas las obtienen Quintana Roo con 7.19, Morelos con 7.11, Chihuahua con 7.08 y Durango con 7.06.
Apenas tres centros se salvan en Puebla
A detalle, sólo tres de 16 penales lograron una calificación aprobatoria por parte de la CNDH en la entidad y se trata del Cereso de Ciudad Serdán con 6.75, el de Teziutlán con 6.56 y el de Tlatlauquitepec con 6.43.
Con las calificaciones más bajas quedaron el Cereso de Puebla con 4.16, el de Zacatlán con 4.10 y el de Huejotzingo con 3.12.
La CNDH revisó los aspectos que garantizan la integridad de las personas reclusas, los que permiten una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y las condiciones de personas con necesidades específicas.
El Cereso de la capital o de San Miguel reprobó en todas, al igual que Huauchinango, Zacatlán, Libres y Huejotzingo.
Entre los rubros cuestionados en el centro penitenciario de la capital del estado se advierten deficiencias en los servicios de salud, la separación entre hombres y mujeres, la falta de prevención de violaciones a derechos humanos.
Hacinamiento, sobrepoblación, deficiencias en la alimentación, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, falta de higiene de la cocina y/o comedores, áreas deportivas y área médica.
También deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de “actividades ilícitas” y de extorsión y sobornos.
Además hay deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y educativas.
Asimismo carencias en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas, en la atención a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, a personas indígenas, a personas LGBTTTI y a quienes viven con VIH o SIDA.
Foto: CNDH
gse