Durante el primer parlamento abierto “Días de Jornada y Descanso Laboral”, legisladores, expertos y representantes empresariales y sindicales expresaron sus planteamientos sobre la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, a fin de contar con mayores elementos que ayuden analizar, discutir y nutrir la propuesta.
Se busca conocer la opinión de trabajadores y empresarios
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Morena), dijo que se requiere el punto medio, ya que no se puede esperar 50 años más ni se trata de “buenos contra malos”, sino de sentarnos a dialogar para ver el cómo avanzamos. “Esta Legislatura apoyará a empresarios y trabajadores, tomando en cuenta a los pequeños emprendedores, que dan la mayoría de empleos; no habrá vencidos ni vencedores”.
La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social, dijo que lo que se trata de hacer con esta iniciativa es buscar caminos para que esa brecha entre ricos y pobres pueda ir disminuyendo. Asimismo, para mejorar las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores, como es el tema del horario, porque estamos en una lógica de bienestar, en el marco también de la seguridad social.
El presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), expresó su convicción de “avanzar en una reforma integral que garantice la posibilidad de dar descanso oportuno a la clase trabajadora se deben considerar pros y contras”.
Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell planteó conciliar la vida laboral y personal de las y los trabajadores, no afectar el trabajo formal y la generación de empleos, así como aumentar la productividad; sin embargo, agregó, el dictamen se enfoca al incremento de días de descanso y deja intocada la jornada diaria de ocho horas. “Tal vez deberíamos centrarnos a la jornada laboral de 40 horas semanales de manera flexible, así como proteger a las Mipymes, para que cumplan con la función de capacitación que se traduzca en mayor productividad”.
El diputado Tereso Medina Ramírez (PRI) se pronunció por construir un gran pacto social e incluyente y que “hagamos a un lado los intereses personales, sectoriales, de grupo o de partido, para que demos entrada a los grandes intereses de la nación”. Llamó a pensar en trabajar menos horas y elevar el intelecto y la destreza de las y los trabajadores. Dijo que es en los sindicatos el espacio oportuno para iniciar negociaciones auténticas de contratos colectivo y no solamente luchar por salarios dignos, sino también por la salud y la vida de los trabajadores
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), presidente de la Comisión de Infraestructura, comentó que de la riqueza que se genera en el país, el 70 por ciento es el capital y solo el 30 el trabajo, mientras que en Estados Unidos es inverso, lo cual es una desigualdad e injusticia. “Estamos en el momento adecuado para discutir la iniciativa sobre un tema tan importante, busquemos cómo sí puede ser progresiva y cómo mejoramos las cosas”.
En tanto, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda (MC) sostuvo que se debe ser responsables y escuchar todas las voces, pero la coincidencia más importante es la temporalidad y la implementación de la medida. Consideró que se deben conocer cuáles son los escenarios para las empresas, en caso de que esta iniciativa prospere, cuáles son las industrias que podrían ser más afectadas o beneficiadas, y qué impacto podría tener en las micro y pequeñas empresas, así como de qué forma el gobierno podría apoyar a las empresas para la implementación de esta reforma.
Del PT, la diputada Margarita García García hizo un llamado para que las leyes se cumplan, ya que no se aplican las sanciones como debería en caso de abusos laborales. Pidió conocer si con esta modificación disminuirían las prestaciones y las cotizaciones. “No podemos aprobar algo que los beneficia a priori, pero también los afecta”.
Plantean expertos los pros y contras
Lorenzo Roel Hernández, presidente de Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió no utilizar con fines electorales esta propuesta de reforma. Precisó que con la reducción se requerirá cubrir 105 millones de horas semanales que actualmente cubren quienes laboran más de 40 horas, por lo que necesitarían 2.5 millones de empleados para jornadas reducidas, lo cual, advirtió, es prácticamente imposible y el costo por conceptos de tiempo extra y de día de descanso laborado tendría un impacto anual de 360 mil millones de pesos.
Santiago Irusteta Gallego, abogado laboral para Industrias Bachoco, afirmó que “si esta reforma se implementa de un día a otro, las empresas difícilmente vamos a poder adoptar estos cambios de manera tan pronta o radical”. Indicó que podría tener impactos en el comercio y en la inversión que se tiene planeada, “pues puede frenarse”, así como en la nómina y en problemas de transición. Planteó construir verdaderas mesas de diálogo para que, con datos duros, se puedan tomar decisiones.
Carlos Ferrán Martínez Carrillo, coordinador de la Comisión Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, resaltó que se debe discutir si con esta iniciativa “no vamos a terminar generando un mayor pago de tiempo extra, un mayor trabajo que se tenga que compensar en ese sentido y que termine de alguna manera anulando el espíritu mismo de la iniciativa”. Enfatizó que el derecho laboral es un derecho social y así debe permanecer. Estimó que se puede encontrar un camino que no divida, “que nos ponga de acuerdo y que sea en beneficio de ambos sectores de la producción”.
Sofía Ramírez Aguilar, directora general del Think Tank económico “México ¿cómo vamos”, dijo que una reforma que reduce las horas matemáticamente supone elevar la producción; no obstante, por entidades, el rendimiento no es igual, pues hay rezagos que se acumulan en productividad laboral. Precisó que esta propuesta beneficiaría a 15.6 millones de personas que trabajan en el empleo formal, de los cuales 7.2 millones está en Mipymes, pues el resto labora menos de 40 horas o está en la informalidad.
Héctor Arturo Mercado López, magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo, del Primer Circuito Judicial, afirmó que “el panorama es más amplio que hablar de productividad, se trata de seguridad social, de salud y de dignidad para el trabajador”. Indicó que la modificación debe establecer la obligación de capacitar a las y los trabajadores como eje central de la productividad; de lo contrario, “al disminuir la jornada para generar más plazas, la crisis social será más profunda”.
La magistrada presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, María del Rosario Jiménez Moles, llamó a fortalecer el sistema de justicia laboral y expresó que una persona sometida a una jornada laboral excesiva tiene, según la Norma Oficial Mexicana 35, problemas a nivel mental, digestivo y del corazón, además genera problemas de estrés, produce algunas incapacidades y genera mayor costo en los sistemas de seguridad social.
Sugirió cuidar a las pequeñas y medianas empresas, vincular a las empresas de plataformas tecnológicas y generar exenciones fiscales para que las Pymes puedan salir adelante cuando son las que generan el 85 por ciento del salario al país. “No se debe seguir con una jornada tan amplia cuando las naciones que tienen mayor productividad y capacidad hablan de 32 horas; se requiere trabajo decente”.
Leslie Berenice Baeza Soto, Oficial Mayor en el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), indicó que, a más de cien años del reconocimiento de la jornada máxima, es válido hacer este análisis y tomar medidas progresivas que ayuden a las y a los trabajadores, considerando las problemáticas de traslado, jornadas extras, rezago educativo, perspectiva de género y reconocimiento de las y los jóvenes. “Por ello, se respalda la iniciativa de la jornada laboral”.
De Morena, la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra dijo que se debe actualizar la vida laboral, pues no es la misma de hace 30 años cuando la mayoría eran obreros, pues ahora son los informales; por ello, se deben abordar temas como el derecho a la pensión o a la vivienda. “¿Qué sector se está considerando en esta ley?, ¿cuál es la ganancia por trabajador y cuántas personas con discapacidad laboran en estas empresas?”.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García Almaguer, manifestó estar a favor de la reforma y afirmó que se deben conocer las opiniones respecto a diversos temas como el de las madres y los padres de familia, para que puedan adelantar o atrasar una hora su horario para llevar a los hijos a la escuela o llegar más temprano a casa, como sucede en otros países.
La diputada Susana Prieto Terrazas, también de Morena, señaló que las empresas restan a las y los empleados el tiempo de descanso, cuando se debe contabilizar como tiempo laboral. Además, dijo que el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo viola lo dispuesto por la fracción I del artículo 123 Constitucional, al facultar al patrón y al trabajador a distribuir la jornada del sábado entre lunes y viernes.
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