Desde que se dio a conocer el argumento, le expresé al lector mi duda respecto al nivel de presión que tales proyectos producen en las finanzas públicas, en contraste con la que sí tienen con los programas sociales y el pago de pensiones, que no bajarán en 2025.
El recorte previsto es de gran magnitud y se ve muy complicado de operar.
De hecho, dejaría el gasto programable de 2025, 8.7 por ciento por abajo del realizado en el año 2022, por poner una referencia.
La última ocasión que se presentó un recorte de estas magnitudes fue en el año 2017, cuando hubo una fuerte caída de los precios del petróleo que impactó negativamente en las finanzas públicas.
Ni con la llamada austeridad republicana que se practicó en esta administración hubo un ajuste de tal profundidad.
Desde la perspectiva de las calificadoras de valores, que el gobierno se comprometa a este ajuste da certeza respecto a la sustentabilidad de las finanzas públicas en el primer año de la próxima administración.
Pero si resultara que a la hora de la verdad no se logra concretarlo, entonces podría haber el riesgo de una pérdida de confianza pues seguramente el déficit público tendría que ser mayor.
No descarte usted que incluso hubiera una reducción de la calificación de la deuda soberana del país y habría el riesgo de que esta perdiera el grado de inversión, al menos por parte de una o dos de las agencias calificadoras.
La versión oficial ha sido insistente en que no se necesita una reforma fiscal en los primeros años del próximo gobierno.
Desde la perspectiva electoral es entendible que no se quiera hablar de incrementar los impuestos.
Pero, como el lector sabe, en esta columna hemos referido reiteradamente que no parece haber sustentabilidad fiscal si no hay un incremento significativo de la captación tributaria y eso no podrá conseguirse si no hay aumento de las bases o de las tasas impositivas.
Hay tiempo aún para ajustar estas previsiones.
En el primer año de cada sexenio, la fecha de entrega del Paquete Económico se modifica. En este año no será el 8 de septiembre sino el 15 de noviembre, a las seis semanas de que el nuevo gobierno haya tomado posesión, y el Congreso tendrá hasta el término del periodo ordinario de sesiones para aprobarlo, salvo que haya un periodo extraordinario que amplíe los plazos.
El primer presupuesto de este sexenio se aprobó el 24 de diciembre por la madrugada del 2018, sirva como referencia.
Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero
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