La Profepa clausuró el Relleno Intermunicipal de San Pedro Cholula y dio 15 días a la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, SA de CV para que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
La dependencia federal detectó que están en riesgo el ambiente, los ecosistemas, la salud pública y el bienestar de la población por omisiones en el plan de manejo del relleno: PRO-FAJ Hidro Limpieza, SA de CV incumple con la disposición final de residuos sólidos urbanos, manejo especial, y viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente.
Los días 21 y 22 de febrero la dependencia realizó una inspección después de la cual pidió que se realice un análisis a los lixiviados para determinar su peligrosidad y recircular los lixiviados que saturan la zona sureste de la celda para prevenir un deslizamiento del talud.
Otras de las medidas fueron monitorear la calidad de las aguas subterráneas mediante la instalación y monitoreo de dos pozos ubicados aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición final; rehabilitar las secciones del cerco perimetral derribadas o dañadas; y retirar la totalidad de los residuos sólidos de las inmediaciones de la planta de separación de residuos con valor de reciclaje.
Ante el incumplimiento, la Profepa clausuró temporalmente el relleno y le dio a PRO-FAJ Hidro Limpieza, SA de CV un nuevo plazo de 15 días para que acredite que tiene una instalación para la captación y la extracción de lixiviado; que diseñó un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de lluvia, entre otros.
También deberá acreditar que el relleno ubicado en la carretera a Calpan 4702, Fraccionamiento Maravillas de San Pedro Cholula, tiene un programa de monitoreo de biogás y que controla la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración pluvial.
El relleno fue puesto en marcha en 2016 durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas cuando PRO-FAJ Hidro Limpieza SA de CV ganó una licitación pública para instalar y operar durante 30 años la planta de tratamiento de residuos; la concesión implicaba contratos con al menos 21 municipios que hoy día se ven afectados por la clausura.
El relleno tuvo un costo de 80 millones de pesos de los cuales el gobierno de Enrique Peña Nieto aportó 48 millones, y el resto la administración de Moreno Valle Rosas y el Consejo Intermunicipal para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos integrado por los 23 municipios que usarían el tiradero.
Los municipios estaban obligados a pagar 110 pesos por tonelada depositada; sin embargo, el contrato firmado en julio de 2017 con el ayuntamiento de San Andrés Cholula establece que por la recolección y transportación de residuos sólidos urbanos el municipio pagó 485 pesos más IVA por cada tonelada.
Después de la clausura la Secretaría de Gobernación dijo que buscan alternativas para el manejo de las 300 toneladas de basura diarias que el relleno sanitario recibe de 23 municipios desde el 2015.
Javier Aquino Limón, titular de la dependencia, afirmó que el tiradero cuenta con permisos municipales y estatales vigentes y que existen dictámenes de la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y la BUAP en los que se concluye que no hay contaminación de mantos acuíferos ni del medio ambiente.
Tas la clausura del relleno sanitario el grupo de Pueblos Unidos y Fraccionamientos Contra el Basurero aseguró que buscarán el cierre definitivo e informaron que han tramitado cinco amparos para frenar su operación.
Foto: redes sociales
ivg